Una carambola abrió el calvario judicial de la infanta y Urdangarin

Bajo la lupa de los investigadores de las faraónicas obras del Palma Arena estaba la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport). Los responsables de la fundación no sabían cómo salir del embrollo. No había facturas que justificaran muchas de sus actividades. Al final, el juzgado pidió que remitieran toda la documentación que obrara en sus archivos. Entre toda aquella de marea de papeles, algo totalmente ajeno al velódromo o a otros asuntos bajo sospecha llamó la atención del fiscal. «Era un convenio de Illesport, a la que estábamos investigado por Palma Arena», recuerda Pedro Horrach. Eran ocho páginas de un contrato entre el Gobierno balear y el entonces desconocido Instituto Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum de 2005, por el que la administración autonómica sin ningún tipo de concurso público se comprometía a entregar a Nóos 1,2 millones de euros por organizar tres días de jornadas deportivas.

Aunque en 2006 la oposición en la cámara autonómica había denunciado el dispendio por aquel evento sin apenas repercusión para las islas, el tema se había olvidado y nadie había apuntado, siquiera de rebote, a Iñaki Urdangarin. Pero había mucho más que un dispendio. «No había expediente que justificase aquel convenio. En los papeles, por entonces solo aparecía Diego Torres», rememora Horrach. «Cuando Torres aportó las facturas al juzgado me puse a mirarlas y vi que había descuadre. Gran parte dinero iba a manos de sociedades de Torres, pero había otra sociedad que también recibía dinero procedente del convenio». Se llamaba Aizoon. Un nombre que nadie conocía por entonces. Tampoco Horrach. «Mire en el registro mercantil y vi que era propiedad de Iñaki Urdangarin», apunta el fiscal. La copropietaria de aquella sociedad, aunque no la administradora, era la hija del entonces Rey Juan Carlos I.

Era el principio del fin de los ya exduques de Palma. Horrach pidió de inmediato el secreto de las actuaciones. Y así, sin ruido, fue cerrando el círculo sobre Urdangarin, a lo que sin duda ayudó Torres.

Traición

El exsocio, ya por entonces enfrentado con el cuñado del hoy jefe del Estado, fue llamado a declarar en absoluto secreto el 11 de julio de 2011. Torres confirmó que en la junta directiva de Nóos estaban Urdangarin y la infanta Cristina. Pero fue más allá. Reveló que el exduque había tenido contactos con el Gobierno balear y que, aunque no cobraba como presidente de Nóos, sí que lo hacía «por los servicios prestados de estudios y dirección de proyectos», y que lo hacía «a través de la empresa de la que es administrador llamada Aizoon».

Había nacido, siempre en secreto, el 'caso Nóos', bautizado policialmente como la 'operación Babel'. Sin embargo, el asunto tardaría todavía unos meses en saltar a la opinión pública. No fue hasta el 7 de noviembre de 2011 cuando el registro de la sede del Instituto Nóos en Barcelona reveló la existencia de una investigación que salpicaba a Urdangarin.

Aquel inocuo convenio deportivo había desembocado en un nuevo sumario sobre corrupción totalmente independiente y que iba mucho más allá de Baleares porque, y fue solo cuestión de tiempo, la Policía descubrió enseguida que Urdangarin y Torres habían repetido la misma fórmula de convenios para organizar eventos deportivos con la Generalitat de Valencia para organizar los Valencia Summits. La sociedad que presidía el duque de Palma cobro a ambas administraciones autonómicas entre 2004 y 2006 un total de 5.838.287 euros, más de tres veces el coste real de la preparación de esas cumbres deportivas y económicas.

La caída a los infiernos del cuñado de Felipe VI no tardó en llegar. El 29 de diciembre de 2011 se convirtió en el primer miembro de la Casa Real imputado en un proceso penal en la historia de España. Los cargos, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental, prevaricación y evasión de impuestos.

Para entonces el juez Castro y Manos Limpias habían puesto sus ojos en la infanta. En abril de 2013, el juez imputó a la hija del entonces jefe del Estado por apropiación indebida de los fondos desviados de Nóos. En mayo de aquel año, la Audiencia Provincial suspendió su citación pero abrió la puerta a acusarle de cooperadora de los dos fraudes fiscales que su marido había cometido a través de Aizoon.

Cristina de Borbón lo negó todo en febrero de 2014, pero aquella desconocida sociedad cuyo nombre apareció en segunda derivada en el verano de 2010 cuando al fiscal se le ocurrió echar un vistazo más a fondo a aquellas ocho páginas se había convertido en su billete directo al banquillo.