La Audiencia no ve terrorismo en que 76 etarras falsearan títulos para reducir condenas

En un auto notificado este lunes, la magistrada archiva el procedimiento que abrió en noviembre pasado su antecesor en el cargo, Juan Pablo González, a partir de una denuncia interpuesta por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), y remite al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia la investigación que a su vez le había remitido en octubre por si, en todo caso, pudiera existir un delito de falsedad.

La magistrada recoge el argumento de la Fiscalía de que el delito de colaboración con el terrorismo que se investiga no habría sido cometido por los presos de la banda -entre los que se encontraban Iñaki de Juana Chaos, Inés del Río, Francisco Múgica Garmendia, alias 'Pakito', o Domingo Troitiño-, sino por "aquellas personas que hubieran facilitado" los documentos a los presos para conseguir "fraudulentamente" su "libertad anticipada".

Aunque la denuncia de Covite hablaba de títulos universitarios otorgados por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Vizcaya), Lamela señala que en la misma no se facilita "la identidad" de los trabajadores que los entregaron y "contra los cuales" debería dirigirse el procedimiento.

A su juicio, la denuncia pone de manifiesto que podría haberse producido la comisión de uno o varios delitos de falsedad por parte de "personas ya condenadas", en referencia a los 76 presos estarras, y "en beneficio exclusivo" de ellos, por lo que la colaboración imputada a tercera personas sería en relación a un delito de falsedad y no de terrorismo. "La acción principal constitutiva de delito es el uso de documentos falsos", recuerda.

Lamela también destaca que, a pesar de que el colectivo de presos de ETA haya sido considerado "un frente de lucha" de la organización terrorista, las falsedades documentales que se denuncian "no pueden entenderse cometidas con ninguno de los fines o medios" que el Código Penal atribuye a los delitos de terrorismo.

Documentación en la UPV

En su resolución, el juez se dirige a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Guipúzcoa) a fin de que aporten los certificados, "firmados y sellados por el tribunal colegiado", que presentaron para hacer el examen de Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso de acceso para mayores de 25 años.

El juez González solicitó en noviembre a la UPV y a la UNED de Bergara los certificados, "firmados y sellados por el tribunal colegiado", que los presos presentaron para hacer el examen de Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso de acceso para mayores de 25 años.

Entre los etarras denunciados por Covite también se encuentran José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta; el ahora dirigente de Sortu Joxean Agirre Agirre, quien "supuestamente obtuvo la carrera de Sociología pese a que realizó la Selectividad en 2001, más de diez años después de iniciar sus estudios universitarios (1988)"; Ramón Aldasoro Magunacelaia; Imanol Haranburu Carrera; José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati'; e Iñaki Arakama Mendia, alias 'Macario'.

Asimismo, fueron denunciados Juan Luis Aguirre Lete; Iñaki Arakama Mendia; Cándido Aspiazu; Dolores Gorostiaga; Juan Lorenzo Lasa Mitxelena; Valentín Lasarte; Idoia López Riaño, 'la Tigresa' y Jon Igor Solana Matarran.

En su denuncia, Covite aseguró que los documentos "habían sido falseados, por ejemplo, utilizando DNI con números correlativos, duplicando los números de identificación o estableciendo que cursaron los exámenes de acceso hasta diez años después de haber comenzado los estudios". En otros casos "ni siquiera constaban las vías de acceso".