¿Para qué quiere Interior 54.000 botes de gases lacrimógenos si jamás los usa?

Las sustancias asfixiantes adquiridas por la Guardia Civil, que serían suficientes para intoxicar al aforo de 540 estadios de la capacidad del 'Camp Nou', están llamadas a caducarse a los cinco años en las armerías, como viene ocurriendo en los últimos años, según admiten diversos responsables de la institución.

El dinero empleado en la compra de los gases habría sido suficiente para adquirir unos 6.000 chalecos reglamentarios, prácticamente el doble de los 3.107 prendas antibalas que el instituto ha comprado para sus agentes durante todo el 2015 y cuando cerca de la mitad de la plantilla no tiene chalecos en dotación.

La polémica adjudicación ha sido oficializada el pasado lunes, de acuerdo con los pliegos en poder de este periódico. La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha comprado a la empresa de Falken los 54.000 botes (18.000 cada año desde 2016 a 2018) por un precio de 20 euros (antes de impuestos) la unidad, en una operación que supone el desembolso de 1.306.800 euros, IVA incluido. En la misma partida y a la misma empresa se ha adjudicado la adquisición de otros 21.000 de «artificios fumígenos» (botes de humos no tóxicos) por un valor total 508.200 euros, y que serán entregados en tres años. En ambos caso, Falken se hace con los concursos por la cifra máxima ofrecida por la administración. Ni un euro menos.

Esta adjudicación, que alcanza volumen récord en los últimos años, ha llamado la atención de los expertos de las fuerzas de seguridad por varios aspectos. El primero es que los Grupos Rurales de Seguridad (GRS, antidisturbios de la Guardia Civil) se ocupan de demarcaciones rurales, donde las grandes manifestaciones son prácticamente inexistentes en comparación con las grandes ciudades. Llamativo es el hecho de que la Policía Nacional, destinada a la seguridad en los grandes núcleos, solo comprara el pasado verano 2.000 «artificios lacrimógenos» para cubrir sus reservas anuales. Una cifra que, incluso en el caso de la Policía, provocó polémica ya que oficialmente desde los disturbios en contra de la participación de España en la guerra de Irak de 2003 el cuerpo no ha usado este material tan agresivo. Se sospecha, no obstante, que en la manifestación de indignados del 22 de marzo de 2014 y en alguna marcha minera, las fuerzas de seguridad pudieron usar lacrimógenos, aunque no más de una docena de unidades en la última década.

Menos conflictos

También es «inexplicable», según todas las fuentes consultadas, que la Guardia Civil aumente la compra de lacrimógenos con respecto a 2013, cuando la situación de conflictividad social era mayor, aunque en ningún caso preocupante en las demarcaciones rurales. Hace dos años, el Ministerio del Interior ya se gastó 1.046.892 euros en la compra, siempre a Falken, de 41.000 botes lacrimógenos, la inmensa mayoría de los cuales no se han usado. Estos gases irritantes -explican expertos del cuerpo- no se suelen utilizar ni siquiera en simulacros ya que su toxicidad los hace peligrosos, también para los agentes que los disparan.

Pero lo que menos justificación aparente tiene es que la Guardia Civil adquiera más de doble de gases tóxicos que botes de humos (54.000 lacrimógenos frente a 21.000 fumígenos) cuando los botes de humo inocuos, a diferencia de los artificios asfixiantes, sí que han sido usados recientemente en manifestaciones y sí que son usados en ejercicios prácticos, ya que no son dañinos para la salud de los funcionarios. De hecho cuando la Policía compró 2.000 lacrimógenos el pasado julio, adquirió en el mismo lote 5.000 fumígenos.

Que Falken iba a ganar esta licitación era un secreto a voces. Aparte de ser la mayor empresa de España de fabricación de este tipo de materiales para las fuerzas de seguridad, esta mercantil se ha hecho en los últimos quince años con más de 8 millones de euros en contratos del Ministerio del Interior.

La madrileña Falken, que ha venido surtiendo durante años a Interior de grilletes, máscaras antigas o balas de goma, es propiedad de la familia de Ismael Bardisa Jordá, exdiputado del PP en el Congreso entre 1996 y 2008, donde ejerció de vicepresidente segundo de la Comisión de Industria.