El agujero negro judicial de los ordenadores de Bárcenas

Dos años y cuatro meses después de que el representante legal de los populares entregara al juez Pablo Ruz los dos equipos informáticos que usó Bárcenas, el procedimiento está a la espera de su conclusión definitiva en forma de archivo o, en el peor de los escenarios para el PP, su enjuiciamiento por delitos de daños informáticos y encubrimiento.

La cronología de este auténtico agujero negro judicial comenzó en agosto de 2013. En plenas vacaciones veraniegas, el juez Ruz, entonces instructor de la causa de la caja B de los populares, recibió un acta pericial de los ordenadores que utilizó Bárcenas en su despacho de la sede de la calle Génova, entre marzo de 2010 y enero de 2013. Se trataba de un Toshiba Libretto y un Mac. El informe concluía que no se podían extraer la información de sus discos duros porque mostraban «signos evidentes» de que habían sido extraídos o cambiados con anterioridad.

La letra del documento pericial causó un importante revuelo judicial y político, con acusaciones directas al partido de Mariano Rajoy de que habían destruido pruebas y entorpecido el trabajo del juez. La formación reaccionó con que actuó de acuerdo a un protocolo interno después de que un juez le diera la razón en una denuncia por robo que puso el extesorero.

Sin embargo, Ruz apreció indicios de delito y se inhibió en favor de un juzgado ordinario de Madrid por carecer de competencia para investigar los hechos.

El órgano que recibió este regalo envenenado fue el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Su titular entonces, la magistrada María Esperanza Collazos, dio carpetazo sin formular diligencias para sorpresa de las acusaciones populares. Para ello, contó con el criterio favorable de la Fiscalía madrileña. El auto de archivo provisional señaló que no hubo delito de daños porque los ordenadores eran del PP, no de Bárcenas, y añadió que tampoco se puede hablar de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito.

Recta final

Las partes recurrieron este archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Pero, cuál fue la sorpresa, que el expediente del caso se extravió y el caso estuvo parado más de un año. Solo se supo de su pérdida cuando un abogado de la acusación acudió al juzgado para pedir explicaciones por la demora. La funcionaria solo pudo responder que en febrero de 2014 se remitió la apelación a la Audiencia mediante una providencia, sellada con fecha de entrada un mes después en el Decanato de los Juzgados de Madrid, pero el papel nunca llegó a su destino.

El Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación para saber qué había ocurrido, pero las pesquisas acabaron en saco roto y no vio responsabilidad ni de la juez sustituta de María Esperanza Collazos ni del secretario judicial. En febrero de este año, el juzgado de Madrid pidió de nuevo a las partes la documentación que aportaron en su día para reconstruir el procedimiento. Hasta el juez Ruz tuvo que aportar el historial que conservaba en su juzgado.

En marzo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de resolver el recurso definitivo, nombró ponente del caso al magistrado Ignacio Sánchez Yllera. En su mano estaba escribir el archivo definitivo o decidir si imputa al PP por hacer desaparecer los equipos con los que trabajó Bárcenas. Para ello la decisión tiene que tener el apoyo de al menos dos de los tres magistrados del tribunal.

La sorpresa volvió a llegar cuando este juez pidió apartarse por haber ocupado cargos de libre designación en diferentes gobiernos socialistas. Además, admitió tener una amistad con la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Pero en mayo, la Audiencia Provincial de Madrid no vio motivos para recusarle porque la función que desempeñó con De la Vega en la Administración de Justicia no guardaba relación con el contenido del proceso y habían pasado diez años desde entonces. Vuelta a empezar y más demora.

Llegó el verano, sin noticias. Y con el comienzo del curso judicial en septiembre se esperaba una decisión inmediata del tribunal. Pero nada. Han pasado tres meses y unas elecciones general y las fuentes judiciales consultadas aseguran que los tres magistrados ya han deliberado, pero de momento no hay noticias de la resolución del juez Sánchez Yllera. ¿Por qué tanta tardanza? «Sin palabras», añaden las mismas fuentes.