La juez evita un nuevo macrosumario y divide en piezas el fraude de los cursos de formación

Según consta en el auto, fechado el lunes y dado a conocer hoy, la juez -que asumió esta causa con el nuevo reparto de tareas- justifica su decisión en que la tramitación conjunta "lejos de estar al servicio de la agilidad procedimental la invierte, produciendo dilaciones de nada fácil explicación". Por ello, desliga algunas de las piezas para "evitar el automatismo en la acumulación de causas y la creación de las denominadas 'macrocausas'".

El caso se comenzó a instruir hace año y medio, tras saltar a la luz la investigación que realizaba la Policía Nacional sobre unas supuestas irregularidades en la realización de estos cursos de formación, desde falsificación de listado de alumnados hasta la no realización de los mismos o la creación de empresas ad hoc para recibir unas ayudas que se abonaban en su mayor parte antes de tener que justificarlas. La investigación interna de la Junta de Andalucía, abierta de oficio tras la llegada a la presidencia de Susana Díaz, ha llevado a reclamar el reintegro de 71,9 millones de euros por subvenciones concedidas desde 2007 a 2012 en cursos de formación que no han sido justificadas, aunque la Guardia Civil cuestiona el destino de casi la totalidad de las ayudas concedidas por este capítulo en ese periodo, unos 1.300 millones de 1.613 millones de euros.

La pieza más jugosa de las nueve que propone Núñez es la que se centra en el entramado del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido en esta causa y cuyas empresas recibieron en menos de año y medio 33,3 millones de euros para formar trabajadores tras el cierre de la planta de automoción de Delphi en Puerto Real (Cádiz). La juez cree que ambas tramas están conectadas, ya que existen "indicios de que con buena parte de los fondos percibidos, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitar a los trabajadores" de cara a una posterior contratación, "se simulaban contratos de trabajo, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento". En la causa están imputados el propio Ojeda y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también acusado por el caso ERE.

Otras dos piezas se refieren a las ayudas percibidas por los entramados empresariales vinculados a José María Pérez González y a Rafael Velasco Sierra (exnúmero dos del PSOE andaluz), mientras que forma otras cuatro piezas con cada uno de los consorcios públicos de formación de la Junta: Ciomijas, Formades, Forman y el Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI), a los que la administración regional ha reclamado reintegros por ayudas sin justificar debidamente.

Las dos últimas piezas hacen referencia a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En el primer caso, se trata de un ente adscrito a la Consejería de Empleo en el que se investiga "la concesión, tramitación y destino" dado a subvenciones para formación por importe de hasta 50 millones de euros "que pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación". La pieza referida al SAE incluye la operación de la Guardia Civil que se saldó con la detención de nueve delegados y exdelegados provinciales de Empleo que según la juez Mercedes Alaya recibieron órdenes para no controlar el dinero destinado a la formación, implantándose una red de "clientelismo político" que favorecía a determinados empresarios.