Siete años de cárcel para el joven que estafó 39 millones a un matrimonio de Mallorca

La Audiencia ha anulado todas las escrituras de cesión de inmuebles que la pareja firmó en favor del estafador, quien tendrá que pagar además 389.154 euros en concepto de responsabilidad civil y una multa de 11.340 euros.

El tribunal de la sección primera ha atendido buena parte de la argumentación de la acusación particular, que reclamaba ocho años de prisión para L.A.R.T.R., mientras que la Fiscalía pedía una condena de cuatro años de cárcel.

La madre del principal procesado también deberá responder, como responsable a título lucrativo, de las sanciones económicas impuestas en la condena a su hijo, mientras que el tercer acusado, A.G.P., ha sido considerado culpable de blanqueo y castigado con seis meses de cárcel y 240.000 euros de multa por comprar una de las fincas objeto de la estafa.

Quince propiedades

La sentencia considera probado que en 2011 el joven usó el "prestigio social" de su familia para aprovecharse de la "credulidad" de un matrimonio con "enorme patrimonio" al que ofreció una casa, que había sido propiedad de su madre, situada junto a una finca de la pareja en S'Estanyol y les propuso también comprar para ellos otra propiedad anexa que decía que costaba 1 millón de euros.

La casa que había sido de la madre se la vendió a la pareja "en la creencia" de que volvía a ser de su propiedad y tras informar de las cargas que tenía, por lo que ha sido absuelto del delito de estafa impropia que le atribuía la acusación particular.

Sin embargo, para comprar en beneficio del matrimonio la otra finca contigua a su propiedad, argumentó falsamente que su madre tenía un derecho de adquisición preferente y él unos bonos de la entidad bancaria poseedora del inmueble, y pidió a las víctimas que le adelantaran fondos para entregarlos a cuenta, lo que se materializó en una treintena de cheques.

Como esos cheques no alcanzaban el supuesto montante de la venta y con el pretexto de que no recuperarían las cantidades abonadas a cuenta, convenció al matrimonio, que las magistradas definen como "vulnerable" y de "peculiar personalidad", para que le cedieran otros inmuebles de su propiedad en operaciones que, les aseguró, eran una ficción tendente a aparentar solvencia ante el banco.

De esta forma, consiguió que la pareja estafada pusiera a su nombre sin condiciones hasta quince propiedades inmobiliarias valoradas en conjunto en casi 39 millones de euros, donaciones que generaron para los cedentes importantes cargas fiscales de las que tuvieron que hacerse cargo. Les convenció además de que iba a comprar para ellos otra propiedad, unida a la que costaba en un millón de euros, que se vendía por 600.000 euros, algo que el matrimonio aceptó.

Para todo ello, L.A.R.T.R. actuó en algunas operaciones como apoderado de su madre, que puso a su disposición sus cuentas corrientes y fue la adjudicataria de algunas de las cesiones, por lo que ha sido condenada a hacerse cargo de forma solidaria de la responsabilidad civil de su hijo.

A.G.P., arquitecto técnico y promotor inmobiliario de Llucmajor para quien la acusación particular reclamaba cinco años de cárcel, ha sido condenado a seis meses de prisión y 240.000 euros de multa por blanqueo de capitales por imprudencia. El tribunal cree probado que este procesado se desentendió de conocer el origen de una finca valorada en 1,5 millones de euros que L.A.R.T.R. había obtenido de sus víctimas y que permutó con él por dos locales valorados en 133.000 euros y 40.000 euros en efectivo.

La defensa de los condenados tienen cinco días para plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo.