Una juez investiga a una espía que robó documentos de causas de la Audiencia Nacional

La acusada trabajaba para la empresa Ofilingua S. L. y prestaba sus servicios a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional cuando se produjo la sustracción de los papeles, en agosto de 2012. Estos documentos sustraídos de la sede policial formaban parte de dos diligencias previas abiertas meses antes en los juzgados de los magistrados Fernando Andreu y Pablo Ruz, que ya no está.

Se trataban de investigaciones sobre supuestas células yihadistas de propaganda, captación y facilitación asentadas en Ceuta y Melilla, cuya zona favorece que sus ciudadanos empleen mayoritariamente en sus comunicaciones el rifeño, un dialecto autóctono de la zona marroquí del Rif. De esta forma, las traducciones de las conversaciones registradas en las intervenciones telefónicas policiales eran eventualmente realizadas por la empresa Ofilingua, en la que trabajaba la imputada.

Los servicios de información de la Policía informaron al juez Andreu que la empleada extrajo de forma subrepticia un pen-drive o dispositivo de almacenamiento USB del ordenador donde estaba trabajando en la comisaría, por lo que se le comunica que ese comportamiento no se adecua a las normas establecidas y ella, de forma voluntaria, entrega el soporte, según las diligencias judiciales del caso.

Cual es la sorpresa que el análisis forense determina que en ese dispositivo tenía 17 archivos borrados recuperados, que contenían traducciones de las intervenciones telefónica acordadas por los dos juzgados. Al conocer los hechos, el juez Andreu abrió una causa secreta y determinó que dicha información podría haber sido facilitada a personas relacionadas con organizaciones terrorista, por lo que se trataba de un delito competente de la Audiencia Nacional.

Para dilucidar esta cuestión se practicaron diligencias que concluyeron en febrero de 2014. Los investigadores determinaron que la imputada robó información policial reservada de manera subrepticia, no solo en la fecha de agosto de 2012 cuando fue descubierta con un USB con abundante contenido sensible relativo a las citadas investigaciones.

¿Sólo del CNI?

Pero lo mejor no acababa ahí. Los agentes también revelaron al juez que en el momento de los hechos la traductora mantenía una relación de colaboración con algún servicio de inteligencia, muy probablemente con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de acuerdo al material recuperado. Al servicio secreto español supuestamente facilitaba información sobre diferentes personas y entornos islámicos, lo que indice a pensar que la sustracción de información que realizó de esta Comisaría General de Información tenía como destino este servicio.

Sin embargo, también señalaron que no es posible determinar si transmitió esta información a algún otro servicio de inteligencia, aunque de acuerdo a un documento recuperado en el dispositivo se generan sospechas sobre la existencia de alguna otra parte. Dicho de otro modo, se podía tratar de una agente doble.

La razón que lleva a sospechar de esta condición es sencilla: Desde la grabación de los archivos hasta el momento de su eliminación transcurrió un espacio de tiempo suficiente para que dicha información haya podido ser manipulada y traspasada a otros equipos informáticos o facilitados a terceras personas, concluyeron.

De las escuchas autorizadas por el juez a la imputada tampoco se identificaron a los receptores. Aunque sí se supo que había prestado servicios de traducción a otros cuerpos policiales en España.

Con todos estos datos, el juez Andreu concluyó que su juzgado no era competente para seguir instruyendo el caso, ya que la traductora-espía no tenía relación con un delito de terrorismo. Por este motivo remitió las diligencias a un órgano ordinario de Madrid. Recayó en el Juzgado de Instrucción número 49, cuya titular es Josefa Bustos. Ésta rechazó la competencia y planteó una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo.

El pasado 12 de marzo, la Sala Penal acordó por unanimidad que los hechos son constitutivos de un delito descubrimiento y revelación de secretos, por ello la competencia corresponde a Madrid. Así, la causa llegó en marzo a Instrucción 49 y desde entonces apenas se ha movido un papel. La razón es que el juez Andreu dejó pendiente una comisión rogatoria a Estados Unidos en la que reclamaba a la empresa Microsoft que identificase los correos electrónicos y las IP (dirección del ordenador) de los tres receptores de la información sustraída.

Microsoft respondió en abril al juzgado de Madrid que necesitaba más tiempo, pero el plazo ha cumplido y se mantiene el silencio. Esta pesquisa es fundamental para finalizar la investigación, conocer las implicados de la imputada con otros servicios de inteligencia y, sobre todo, llevarla a juicio por revelación de secretos.