La juez desintegra la causa contra ETA por lesa humanidad

La juez Lamela ha justificado la decisión de disgregar la causa para evitar un "retraso injustificado" de la investigación y a la vista de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, como regla general, establece que cada delito dará lugar a la formación de un único procedimiento pese a la posible conexidad entre ellos, ya que fueron ordenados por ETA. La Fiscalía ha apoyado su resolución.

De esta forma, la magistrada se inhibe al Juzgado Central de Instrucción número cinco por el atentado con coche-bomba en el cuartel de Legutiano (Álava) que mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel en mayo de 2008.

Al Juzgado de instrucción número uno por la muerte del brigada de Ejército Luis Conde de la Cruz en Santoña (Cantabria), en septiembre de ese mismo año, y al Juzgado Central de Instrucción número seis el asesinato del empresario Ignacio Uría en diciembre de 2008.

Además, envía al Juzgado Central de Instrucción número cuatro dos causas: el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles mediante la explosión de una bomba-lapa en su coche, en junio de 2009, y el atentado con bomba-lapa bajo un vehículo oficial que mató de los guardias civiles Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calvía (Baleares).

El propio Juzgado Central de Instrucción número tres se queda con el procedimiento que se sigue por el asesinato mediante disparos del exconcejal del PSE Isaías Carrasco, perpetrado el 7 de marzo de 2008 en Mondragón (Guipúzcoa).