Arranca el macrojuicio a las cúpulas de Batasuna, PCTV y ANV

Este macrojuicio, que se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, ha sido aplazado en dos ocasiones desde su suspensión el pasado enero a raíz de la detención de tres de las abogadas defensoras en una operación contra el "frente de makos" de ETA.

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -compuesta por Concepción Espejel, Julio de Diego y José Ricardo de Prada- volvió a señalarlo para el 16 de noviembre al haber finalizado ya otros que se adelantaron a éste tras su suspensión, fundamentalmente el de la llamada operación Cesto contra once yihadistas, que se prolongó varios meses, aunque por problemas de agenda volvió a aplazarlo al 3 de diciembre.

El juicio en principio iba a empezar el 12 de enero pasado, pero entonces tuvo que aplazarse al haber sido detenidas, ese mismo día en un hotel de Madrid, tres de las abogadas defensoras -Eukene Jáuregui, Haizea Ziluaga y Amaia Izco- en la operación Mate contra el "frente de cárceles" de ETA, en la que fueron arrestadas otras 13 personas en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel y otros 10 de inhabilitación absoluta por integración en ETA para los 35 procesados en este sumario (4/08), además de reclamar que se declare la ilicitud y disolución de PCTV y ANV, formaciones que ya fueron ilegalizadas y canceladas sus inscripciones en el registro de Partidos Políticos por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa de octubre de 2005 a 2009 el período referente a la renovación del entramado institucional de ETA-Batasuna y recoge que la "colaboración" entre la formación ilegalizada y ANV "se compró" en una reunión el 24 de enero de 2003 en la que rechazaron la ilegalización o suspensión judicial de Batasuna o de cualquier partido que se hiciera "en base a la legalidad española".

Para el Ministerio Público, la "instrumentalización" de Acción Nacionalista Vasca (ANV) se acreditó en la "sumisión" de esta formación en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna y en la existencia de un sistema de tesorería común o caja única entre la formación ilegalizada, ANV y PCTV.

En cuanto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyas sedes usaban los dirigentes de Batasuna, la Fiscalía sostiene que fue "fagocitado" por la formación ilegalizada tanto a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA, como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias "on line".

Según el escrito, en la "lucha político-institucional" utilizada por ETA, además de las mociones presentadas por PCTV, el "peso fundamental" recayó en los grupos municipales de ANV, especialmente en las localidades en las que controlaban el ayuntamiento a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una "red de electos contra el tren de alta velocidad".

Además de Barrena y Petrikorena, entre los acusados también se encuentran las exparlamentarias en Vitoria del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, así como la exalcaldesa de Arrasate Ino Galparsoro (ANV).

También destacan el presidente de PCTV, Juan Carlos Ramos, y su tesorero, Jesús María Aguirre, además de Eusebio Lasa, Joana Regueiro, Ángel María Elkano, Asier Imaz, Mikel Garaiondo, Marije Fullaondo y Tomasa Alejandre.

Asimismo están encausados Haizpea Abrisketa, Arantza Santesteban, Karmele Ayerbe, Jon Kepa Garay, Mikel Etxaburu, Aner Petralanda, Francisco Javier Urrutia, Mikel Gotzon Zubimendi, Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Gorka Murillo e Ignacio Oralde. El resto son Iñigo Balda, Gorka Díaz Martín, Maite Fernández Labastida, Aitor Aranzabal, Joseba Zinkunegi, Alazne Arozena, Peio Xabier Gálvez, Antón Gómez Lorente y Aurore Martín.