La Fiscalía pide investigar a cinco ayuntamientos por apoyar la resolución independentista

La denuncia fue presentada por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, el pasado 26 de noviembre y en ella se señala que la adopción de acuerdos de apoyo a la resolución del 9-N podría constituir "no sólo delitos de rebelión o sedición", sino también los de "prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos o usurpación de atribuciones".

La denuncia, remitida a partir de la información facilitada por la Guardia Civil, señala la necesidad de perseguir por la vía penal a quienes hagan "caso omiso" de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la resolución independentista o realicen "actos de ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo por cualquier autoridad (sea local, provincial o autonómica), o por particulares". Es en este último punpo donde se enmarcarían las mociones aprobadas.

Sobre los ayuntamientos de La Seu d'Urgell y Celrá, los jueces centrales de instrucción Fernando Andreu y Santiago Pedraz han incoado diligencias previas de investigación y han solicitado a las dos corporaciones regidas por alcaldes independentistas que les envíen las mociones aprobadas y los informes de los secretarios e interventores municipales. Asimismo, que les faciliten la identidad de los concejales que las apoyaron.

De forma paralela y para todos los casos, el fiscal jefe pide al comisario jefe de los Mossos que informe urgentemente sobre los hechos que se citan, identidad de los miembros del Consistorio que votaron a favor y en contra de la moción y la decisión adoptada.