Alfonso Torices
Miércoles, 2 de diciembre 2015, 13:30
La declaración del Parlament de Cataluña que el 9 de noviembre puso en marcha el proceso de desconexión y ruptura con España y que anticipó que sus instituciones ignorarán las leyes y las sentencias españolas en el camino a la creación de un estado propio ... ya no existe. El Tribunal Constitucional acordó hoy por unanimidad, tras dos días de deliberaciones, declarar la nulidad íntegra del texto, que ya estaba suspendido cautelarmente desde el 11 de noviembre, por considerar que es inconstitucional desde el primer hasta el último de sus párrafos. A todos los efectos, es como si nunca hubiese existido.
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Los once miembros del pleno de la corte firmaron a las 14.15 horas un sentencia que señala que la moción del Parlament viola todo el núcleo central de la Constitución y de forma especial la soberanía nacional -que reside en todo el pueblo español-, la indisoluble unidad de España y la obligación de todos los poderes públicos de estar sujetos a las leyes y las sentencias de los tribunales. Considera que debe ser anulada porque, en contra de lo que defienden los independentistas, no es una mera declaración política sino que tiene efectos jurídicos y proyecta mandatos concretos de desarrollo para las instituciones catalanas
El tribunal ha resuelto este recurso de inconstitucionalidad del Gobierno en un tiempo recórd, solo 22 días después de que fuese aprobada la moción rupturista, por considerar que el contenido de la resolución era de una extrema gravedad porque violentaba y trataba de quebrar todo el orden constitucional español y el Estado de Derecho. Los magistrados suelen tardar años en fallar sobre el fondo de este tipo de causas.
El Constitucional ya avisó a Artur Mas y a todos los miembros del Gobierno de la Generalitat y a Carme Forcadell y a los componentes de la Mesa del Parlament que no solo debe cumplir la sentencia dictada hoy -lo hizo con motivo de la suspensión cautelar- sino que tienen la obligación de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" este fallo. También les apercibió de manera oficial y personal de que si ignoraban su mandato incurrirían en responsibilidades de todo tipo, incluidas las penales. En concreto, se enfrentan a los multas y suspensión del cargo que puede dictar la propia corte de garantías, gracias a la reforma legal que aprobó el PP en los últimos días de la legislatura, y a la apertura de una causa penal por delito de desobediencia.
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