Francisco Correa, en una imagen de archivo.

El juez propone juzgar a Correa, su contable y dos empleados de AENA por fraude

Dieron 22 contratos a dedo a empresas de la trama Gürtel a cambio de cohechos

Mateo Balín

Martes, 1 de diciembre 2015, 17:05

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación de la pieza separada del 'caso Gürtel' sobre las contrataciones en AENA y ha acordado que siga el procedimiento contra dos empleados de la sociedad entonces pública, el exdirector de Comunicación ... Ángel López De la Mota y Javier Gavari Guijarro, contra el presunto cerebro de la red Francisco Correa y contra el que fuera contable de sus empresas, Jose Luis Izquierdo.

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A los cuatro el juez les imputa prevaricación continuada, delito continuado de cohecho y fraude a las Administraciones Públicas. Además de estos delitos, a Correa e Izquierdo les imputa falsedad en documento mercantil. En resumen, abre la puerta para que sean juzgados por estos delitos.

El auto explica que los imputados en apariencia se pusieron de acuerdo para defraudar a AENA. El relato se centra cronológicamente en dos años, de 2000 a 2002, y detalla las operaciones desarrolladas por los imputados para conseguir adjudicaciones irregulares de AENA al grupo de sociedades de Correa, a cambio de dádivas o diferentes servicios como viajes turísticos u obras de reforma en una vivienda, con reiteración, en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la actividad depredatoria para el interés público.

Manipulación

Estas adjudicaciones que se ejecutaron, según relata el juez en su resolución, sin garantizar los principios de publicidad y concurrencia exigibles por el carácter público de la entidad AENA. Los indicios existentes se desprenden de la documentación remitida por la sociedad, así como de los informes evacuados por la IGAE y la UDEF, que ponen de relieve la manipulación de los expedientes para favorecer a las empresas finalmente adjudicatarias.

El magistrado analiza 22 expedientes de contratación y detalla todas las irregularidades detectadas, como por ejemplo la declaración de urgencia de la tramitación, que en muchos casos era inadecuada e improcedente, las ofertas que se solicitaban siempre a las mismas empresas, o las fechas de adjudicación que en algunos casos eran posteriores a la celebración del contrato.

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