La juez del 'caso ERE' abre la pieza separada contra Chaves y Griñán

Según han confirmado fuentes judiciales, la juez ha incoado estas diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada ante la posible existencia de un delito continuado de prevaricación. Los hechos investigados serían relativos a la participación activa y consciente de los imputados en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico de transferencias de financiación, un mecanismo utilizado habitualmente por las administraciones para equilibrar las cuentas entre los entes públicos y que en la Junta de Andalucía, según mantuvo la anterior juez instructora Mercedes Alaya en su exposición razonada para señalar a los altos cargos, se utilizó de forma inadecuada con la intención de dar ayudas o subvenciones a las empresas por razones sociolaborales y por otros motivos diversos con total discrecionalidad y evitando cualquier fiscalización.

La pieza del procedimiento específico es una de las líneas de investigación más avanzadas de la macrocausa de los ERE fraudulentos, por lo que Núñez Bolaños mantiene la tesis que este tipo de diligencias pueden desgajarse de la pieza principal para terminar de cerrar los flecos que les quedan y pasar, si finalmente se estima oportuno, al procedimiento judicial. Una tesis compartida por la Fiscalía y el Tribunal Supremo, que han alentado a lo largo de los cinco años de investigación esta compartimentación para poder ir avanzando y dar agilidad a la macrocausa.

De hecho, en su anterior auto, la juez de Instrucción 6 recordó que sobre esta cuestión existe un criterio sólido no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, de ahí que en esta pieza separada se unirán tanto las diligencias realizadas en el Supremo contra Chaves y Griñán como las tramitadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía referidas a los exconsejeros autonómicos, todos ellos aforados en el momento de su incorporación a la causa y que por tanto prestaron declaración, con carácter voluntario, en tribunales superiores.

Por otra parte, la Audiencia de Sevilla ha dado a conocer hoy que anula las fianzas por valor de 12,1 millones de euros impuestas por la anterior instructora, Mercedes Alaya, a siete imputados en el caso de los ERE, entre ellos el ex consejero andaluz de Innovación Martín Soler (al que se impuso una cuantía de 4 millones de euros), el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez (3,4 millones), o el presidente de Unicaja Braulio Medel (que debía hacer frente a unos 483.000 euros). Los magistrados de la Sección Séptima, la misma sala en la que ya tiene su plaza Alaya, rectifican a la entonces instructora que fijara la cantidad de la responsabilidad pecuniaria a un tanto alzado, lo que en su opinión desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado.