El Constitucional suspende por unanimidad la resolución soberanista

El pleno, reunido durante más de tres horas, comenzó pasadas las 16.30 a estudiar el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la resolución del Parlamento de Cataluña que anuncia el comienzo del procedimiento independentista. El recurso señala que la citada resolución "viola con total evidencia" hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.

El Gobierno presentaba poco después de las 12.00 horas de este mediodía el recurso, después de recibir luz verde en un Consejo de Ministros extraordinario presidido por Rajoy y que ha contado con la presencia de todos los ministros. El recurso lo ha presentado la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, contando con el aval del Consejo de Estado recibido ayer. Dicho recurso se anticipa a una posible desobediencia al dictamen del alto tribunal e incluye los primeros pasos para desatar el incidente de ejecución previsto por la reciente reforma de la Ley Orgánica que regula al Constitucional.

Tal como explicó Marta Silva a las puertas del TC, la solicitud del Gobierno contempla la suspensión cautelar de la vigencia de la declaración mientras resuelve sobre el fondo lo que, al admitir el TC el recurso, se acuerda de forma automática durante al menos 5 meses en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución.

Por otro lado, el Gobierno solicitó que la providencia dictada esta tarde por el tribunal de garantías se notifique a un total de 21 altos cargos -entre ellos la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y del presidente en funciones, Artur Mas-; que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones", lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales; y que se añada la prohibición también expresa de que la cámara autonómica emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

En este sentido, el Constitucional apercibirá a los responsables de que dicha insumisión constituiría un delito y motivaría también la suspensión de sus funciones.

Además de Mas y Forcadell, los notificados deberían también ser cada uno de los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña: el vicepresidente primero, Lluís Corominas; el vicepresidente segundo, José María Espejo; a la secretaria primera, Anna Simó i Castelló; el secretario segundo, David Pérez Ibáñez; el secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana; y el secretario general del Parlamento, Pere Sol i Ordis.

La notificación debería extenderse también, según el Consejo de Estado, a la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté; al consejero de presidencia, Francesc Homs i Molist; la consejera de Gobernación y Relaciones Instucionales Meritxell Borrás i Solé; al consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell; a la consejera de Enseñanza Irene Rigau i Oliver; al consejero de Salus Boi Ruiz i García; al consejero de Interior Jordi Jané i Guasch; al consejero de Territorio y Sostenibilidad ; Santi Vila i Vicente; el consejero de Cultura, Ferrán Mascarell i Canalda; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Jordi Ciuraneta i Riu; el consejero de Empleo y Ocupación; Felip Fpug i Godes y el consejero de Justicia, Germá Gordi i Aubarell.