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Álvaro Soto
Martes, 10 de noviembre 2015, 10:12
Ni entre el resto de los presidente autonómicos, ni entre los empresarios ni entre los sindicatos encontró ayer apoyo la resolución soberanista impulsada por Junts pel Sí (JxS) y la CUP. Al contrario, cuanto más tensa está la cuerda independentista, más son las voces que ... se alzan contra el proyecto del presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas.
Los presidentes autonómicos, que, con pocos matices, criticaron a Mas. «Espero que se cumpla la legalidad, creo que es lo que queremos todos los españoles y estoy segura de que se va a hacer cumplir», aseguró la madrileña Cristina Cifuentes (PP), en un discurso que reiteraron otros como el murciano Pedro Antonio Sánchez (PP), que auguró a los soberanistas «una posibilidad de éxito cero».
Más drástico aún fue el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que calificó la declaración del Parlament como «una locura» y acusó a Mas de «querer pasar a la historia como el hombre que se inmoló por la independencia de su tierra». También utilizó la palabra «locura» el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara (PSOE), que mostró todo su apoyo a las medidas que ponga en práctica el Gobierno de Mariano Rajoy.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), por su parte, consideró que los ciudadanos de su comunidad le «correrían a gorrazos» si se dedicara a establecer «fronteras». Mientras, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), reclamó la unidad de todas las fuerzas políticas en defensa de la Constitución para evitar que se consume «un atentado a la democracia». «Fuera de la ley y la Constitución, lo que hay es barbarie y, en este caso, un disparate y una barbaridad», remachó Díaz.
Suaves en las formas aunque contundentes en el fondo se mostraron los jefes del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana y en Baleares. El presidente valenciano, Ximo Puig (PSOE), resaltó que «hay que hablar y recuperar un diálogo permanente para resolver esta situación de desafección», pero a la vez tildó el proceso soberanista de «falacia» y opinó que «es un camino que no conduce a ninguna parte». La presidenta balear, la también socialista Francina Armengol, reclamó «diálogo» y abogó por una reforma constitucional que abra la puerta a un estado clamaramente federal que respete las nacionalidades» al asegurar que el texto del 78 «fue muy bueno pero ha llegado a su término».
Ni siquiera los nacionalistas vascos respaldan completamente al 'president'. El lehendakari Iñigo Urkullu reiteró que «es imposible declarar un Estado independiente en un mes», aunque señaló también que la declaración soberanista «abre un largo tiempo para el diálogo y la negociación» entre Cataluña y el Gobierno central. En la misma línea se pronunció el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que señaló que el País Vasco «tiene su propia hoja de ruta». «Estamos perdiendo el tiempo y crispando a unas sociedades, tanto la catalana como la española, que no se lo merecen», agregó.
Desde el mundo empresarial, el presidente del Grupo Freixenet y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, crítico desde el principio con la deriva soberanista en Cataluña, recordó ayer que no contempla la independencia. «Es absurdo pensar que los catalanes que somos catalanes no somos españoles», aseguró Bonet.
En el lado de los sindicatos, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, aconsejó una reforma constitucional como solución al desafío independentista y aunque entendió que el Gobierno central apele al Constitucional, también aseveró que ninguna decisión de este tribunal «puede suponer ni un recorte ni un secuestro del marco competencial en Cataluña».
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