La juez revoca la imputación de Camps por la F1 hasta analizar los contratos

Un auto con fecha de 30 de octubre, revoca y deja sin efecto una providencia del 7 octubre del mismo juzgado en la que se citaba a declarar como imputados a Francisco Camps, la exconsellera de Turismo, Dolores Johnson, y al expiloto y empresario Jorge Martínez 'Aspar'. Frente a ese auto del 7 de octubre, el expresident Camps, que se representa a sí mismo, interpuso un recurso de reforma que ha sido estimado por el juzgado en el que alegaba que existe un contrato que tiene una "importancia radical" y que no ha sido traducido.

En concreto, se refiere a un contrato del 1 de junio de 2007 entre Valmor Sports, S.L., APM SPORTS, LTD y Bancaja, cuya falta de traducción podría generar indefensión. Igualmente, el juez ha tenido en cuenta otra petición que planteaba Camps en su recurso, en el que alegaba que era necesario que "previamente a la toma de declaración en calidad de imputados a los querellados se realicen las declaraciones testificales para evitar la indefensión".

Destaca en su providencia, que la única parte que ha hecho alegaciones al recurso referido ha sido el Ministerio Fiscal, que no se opone a que sean traducidos los documentos señalados ni a que se practiquen primero las declaraciones testificales acordadas. "A la vista de tales manifestaciones y de la no oposición del Ministerio Público", el juzgado estima el recurso presentado por Camps y revoca y deja sin efecto la providencia del 7 de octubre "suspendiendo el señalamiento de las declaraciones de los tres querellados acordadas". Contra esta decisión cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia asumió esta investigación tras la pérdida de aforamiento de Camps, una vez disuelto el parlamento valenciano. La causa tiene su origen en una querella presentada el pasado mes de diciembre en el TSJCV por la Fiscalía Anticorrupción contra Camps, Johnson y "Aspar".

El juzgado admitió a trámite la querella del Ministerio Público sobre posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos desde abril de 2006 (las negociaciones previas para que Valencia acogiera un Gran Premio) hasta el 19 de julio de 2011, cuando la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor, la empresa privada organizadora de la Fórmula 1.