Melchor Sáiz-Pardo
Martes, 27 de octubre 2015, 12:41
El Partido Popular ha remitido esta mañana al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma la documentación que el juez José Castro le reclamó ayer relativa a la reforma de la sede de la calle Génova 13, al sospechar que esas obras fueron pagadas, ... en parte, con dinero de mordidas de empresarios.
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El partido ha enviado vía fax al juzgado las facturas, al tiempo que anuncia que los originales de estos documentos serán enviados a Palma vía burofax. El PP comunica también al Juzgado que la formación, no obstante, no tiene todas las facturas solicitadas (los originales) porque fueron entregadas a un Juzgado central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que las requirió, en el marco de la investigación 'Papeles de Bárcenas', pieza separada del caso Gürtel.
Ayer Castro, sin que mediara petición previa de la Fiscalía Anticorrupción, dictó una providencia en la que requería a Mariano Rajoy -la nota se dirige a la "presidencia nacional del Partido Popular"- a que «en el tiempo más breve posible» aportara una «relación de las obras de remodelación que se hayan llevado a cabo en la sede de PP de la calle Génova número 13 de Madrid durante los años 2002 al 2010, las empresas contratadas y subcontratadas que las hayan realizado y las facturas originales que acrediten su pago».
El juez tomó esa decisión en el marco del caso Son Espases, en el que se investiga un presunto amaño en la adjudicación de la construcción del hospital de Palma por un presupuesto inicial de 780 millones de euros, la mayor obra pública jamás emprendida en el archipiélago.
Sin explicaciones
En su resolución, de apenas unas líneas, el instructor no explicaba por qué pide esta documentación al PP. No obstante, según fuentes del caso, el magistrado sospecha que la constructora OHL, a la que iba a ser adjudicada la faraónica obra, pudo pagar el favor con comisiones que gestionó el entonces tesorero del PP balear, Fernando Areal, cuñado de Jaume Matas, quien terminó por desviar el dinero a las obras de remodelación del edificio de Madrid. Matas, según diversas fuentes, intenta llegar a un acuerdo con la Fiscalía para confesar que la licitación adjudicada a OHL fue una "orden directa de Madrid".
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La decisión de Castro de investigar las cuentas del PP viene también provocada por la confesión en esta causa del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien aseguró que el Gobierno de Matas exigió hasta nueve millones de euros por la adjudicación del hospital. Según De Santos, el Ejecutivo autonómico, con la aquiescencia del PP nacional, solía reclamar "mordidas" del 3% del importe de las obras.
El pasado 29 de julio, Castro ya imputó en el "caso Son Espases" a Matas junto a otras siete personas, entre ellas el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, por prevaricación continuada, falsedad documental y fraude a la administración pública en la adjudicación del complejo sanitario.
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