El Gobierno obliga a jueces y fiscales a revisar 370.000 causas en seis meses con la nueva ley

Así se lo transmitió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al gremio de los fiscales, uno de los colectivos afectados por los nuevos requisitos que introduce la reforma: la implantación de los plazos en la instrucción penal, seis meses para los procedimientos sencillos y 18 para los más complejos, en ambos casos prorrogables por el mismo período. Unas limitaciones temporales cuya finalidad no es otra que agilizar las investigaciones y, de manera visual, poner coto a las largas y mediáticas macrocausas.

Catalá ha visto como en los últimos días la tormenta de reproches desde todas las asociaciones judiciales y fiscales, de uno y otro signo, ha pasado a categoría de huracán. Y al ministro no le ha quedado más remedio que salir a la palestra para dejar claro que los plazos, estos sí, están para cumplirse y las leyes aprobadas en las Cortes para ponerse en marcha. Pese a que la nueva norma procesal se despliegue apenas dos semanas antes de las elecciones generales del 20 de diciembre. Un corto período de tiempo que también ha servido a los colectivos judiciales para pedir su aplazamiento.

Tras reunirse durante más de dos horas con el Consejo Fiscal, el órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, Catalá les dio una de cal y otra de arena. Aseguró que la suspensión del artículo 324 que establece los plazos para la instrucción penal «no es lo más adecuado y conveniente» en este momento, pero se comprometió a «tomar todas las medias necesarias» que permitan llevar a la práctica el nuevo sistema.

Estas mejoras son dos: un sistema de gestión procesal que agilice la coordinación de los fiscales con los juzgados de instrucción, con un sistema de avisos cuando se vayan cumpliendo los plazos para que los secretarios judiciales les notifiquen las causas y, sobre todo, un plan de refuerzo de nuevos fiscales.

Sobrecarga

«Habrá que dotar los medios tecnológicos y personales que garanticen que (los fiscales) pueden cumplir su trabajo adecuadamente», explicó Catalá, que admitió que puede haber una sobrecarga de trabajo, ya que en los primeros seis meses los fiscales deberán revisar nada menos que 370.000 diligencias pendientes para determinar si son sencillas o complejas. Es decir, si se instruyen en medio año (hasta junio) o en 18 meses prorrogables.

Con respecto a las futuras plazas de fiscales, se harán con cargo al presupuesto del departamento aunque que la reforma lleva asociado todo lo contrario en su articulado. Asimismo, el ministro adelantó que Justicia llevará a cabo un seguimiento mensual para comprobar todas estas medidas. Luego, confió, la instrucción «deberá llevar velocidad de crucero con un sistema de trabajo permanente y continuado».

Ahora bien, quizá para contentar al interlocutor que representa a los 2.500 fiscales de todo el país, el ministro no descartó una hipotética suspensión si en junio ve que el cumplimiento de los plazos es inasumible. En cuanto a la preocupación y dudas porque algunos delitos puedan quedar impunes, aseguró que ninguna causa se archivará por esto.

Pese a que Catalá salió de la reunión hablando de la «buena» acogida de sus anuncios, nueve de los 12 vocales del Consejo Fiscal le contestaron en un comunicado. Dijeron que no alcanzaban «a colmar» sus demandas e insistieron en la necesidad del aplazamiento. Más de un millar de acusadores firmaron una carta precisamente para que el Consejo dejara claro a Catalá las consecuencias de mantener el 7 de diciembre, que les obligará a redoblar su carga de trabajo sin contraprestación alguna.

Este hecho, sumado a la eterna promesa incumplida por el legislador de que los fiscales instruyan las causas en lugar de los jueces, ha elevado bastante grados su indignación, e incluso denuncian la «injerencias» del nuevo sistema. «Es técnicamente deficiente, jurídicamente confuso y procesalmente incongruente, incluso con visos de inconstitucionalidad», concluyeron.