Javier Guerrero asegura que la Junta avaló el sistema de ayudas de los ERE

Guerrero, que está imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos y que ha pasado varios meses encarcelado por este caso, se ha presentado ante la juez por sexta vez para dar su versión de lo que ocurría con los ERE irregulares. Tras el cambio de titular, el exdirector de Trabajo ha decidido declarar voluntariamente. Una actitud que su abogado justifica en que antes "había que contestar muy concretamente, sin extenderse" y que ahora ya conoce la documentación que obra en el sumario.

Su nueva versión incide en desmontar toda la parte política de la trama, es decir, la existencia de una orden política para dar ayudas al margen de cualquier control con un procedimiento inadecuado, según lo describió Alaya. La batalla judicial entre la juez y los altos cargos de la Junta de Andalucía implicados giraba por tanto en torno a la legalidad o no del sistema de concesión. Guerrero ha insistido en ese extremo, reconociendo no obstante que su uso era conocido en las entrañas de la administración regional y que, si acaso, era "discrecional", pero no ilegal.

El exdirector de Trabajo, que llegó a usar la expresión "fondo de reptiles" para la partida de ayudas aunque luego se desdijo, ha rememorado una reunión celebrada en 2005 con la asistencia de la exviceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo -mano derecha de José Antonio Griñán- y el Interventor General de la Junta, Manuel Gómez, cuya declaración amparó la tesis de Alaya tras conocer que había alertado en varias ocasiones contra el uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales. Tanto Gómez como Martínez Aguayo, así como otros altos cargos de Empleo y Presupuestos también presentes e implicados en la causa concluyeron que no había "razones de legalidad" que hicieran necesario cambiar el procedimiento, por lo que se decidió continuar con el mismo. "Y nadie puso pegas", ha dicho a los periodistas tras concluir su declaración.

Su abogado ha explicado además que parte de la comparecencia ante la juez María Nuñez Bolaños ha versado sobre la legalidad de las ayudas concedidas que tienen, ha dicho, "la misma cobertura legal, la misma forma de actuar, concurrencia, publicidad y los mismos requisitos" que las concedidas a nivel estatal, que utilizaban el mismo procedimiento.

El exdirector de Trabajo sí ha reconocido a preguntas de la prensa que se trataba de ayudas "discrecionales" y que no estaban sometidas a los servicios jurídicos de la Consejería de Empleo. Interrogado acerca de la presencia de intrusos en esos expedientes de prejubilación -más de un centenar-, ha insistido en que se trataba de "errores" y documentos traspapelados entre una empresa y otra. En uno de esos errores figura su propia suegra, aunque según Guerrero "ni siquiera eso es como se ha contado", sin entrar en más detalles. "En mi conciencia era todo legal", ha aseverado, resaltando que en su dirección general los expedientes de concesión de ayudas estaban completos, y si en alguno falta ahora algún papel es porque alguien lo ha hecho desaparecer.