La juez propone juzgar a cinco policías por falsificar pruebas en Madrid

La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, acordó en un auto de 13 de octubre transformar las diligencias previas abiertas en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en la fase sumarial) contra los cinco agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Científica, asignados a la comisaría de Carabanchel, un popular distrito del sur de capital donde están censadas 270.000 personas.

Fue precisamente en esa delegación donde estalló este caso de mala praxis que ha salpicado a la Jefatura Superior de Madrid, e incluso ha alcanzado a la Dirección General de la Policía. En el fondo de esta trama está la presión y la competencia entre unidades por las estadísticas contra la delincuencia, ese baremo que mide el progreso laboral en el Cuerpo. Pero detrás de esta fachada se vislumbran viejas rencillas y cuentas pendientes en la jefatura policial madrileña. Unas diferencias que con el cierre de la instrucción judicial han vuelto a acentuarse.

Los bandos están definidos. Por un lado están la exjefa de la comisaría de Carabanchel, Gloria M. y el responsable de la Policía Judicial de esta sede, Javier V. y su equipo directo. La primera fue cesada el 9 de octubre de 2014 por el jefe superior de Madrid, Alfonso José Fernández Díez. Éste alegó pérdida de confianza por no dar cuenta de las supuestas irregularidades. Un golpe bajo. El segundo fue quien 'tiró de la manta' y aseguró que miembros de la Científica le ofrecieron a ambos hacer la vista gorda si se destruían los expedientes.

Javier V. estuvo imputado pero la juez ha acordado el sobreseimiento provisional por falta de indicios. "Ni tuvo constancia de la manipulación de las inspecciones oculares ni dio órdenes al respecto", asegura la resolución. Un éxito para su abogado Fernando Pamos de la Hoz, qué criticó con dureza en sus escritos la investigación de la unidad de Asuntos Internos para incriminar a su cliente. Un policía que formó parte de la investigación del 'caso Faisán', que derivó en el 'chivatazo' policial a ETA.

Inspecciones y detenidos

En el otro bando están los miembros de la Brigada Provincial de la Policía Científica, con la comisaria Carmen M. al frente y varios subordinados. Y en un segundo escalón estarían los agentes de esta unidad destinados en la comisaría de Carabanchel, quienes al final de la instrucción han sido los imputados que, si las apelaciones no lo remedían, complicado por los abundantes indicios, se sentarán en el banquillo con peticiones de hasta seis años de cárcel. Se trata de Francisco M., César B., José Francisco G., Isidro F. y Félix B.

La juez documenta que entre abril de 2013 y septiembre de 2014 manipularon un total de 22 inspecciones oculares en lugares donde se cometieron robos, y en ocho atestados sobre hechos similares. Pesquisas por las que fueron detenidas 15 personas en menos de un año, nueve de ellas extranjeras.

Tanto Francisco M. como César B., señala el auto, practicaron las inspecciones oculares en la casa donde estalló todo, un piso de la calle Coronel Valenzuela de Madrid, que permitió la detención de tres ciudadanos rumanos a los que pescaron in fraganti robando. Fue el 14 de septiembre de 2014. Sin embargo, los agentes les imputaron otro robo sin testigo alguno, solo con huellas, de otra vivienda cercana, y un coche. El sobre blanco que salió de aquella casa con las inspecciones "demasiado perfectas" fue el germen del caso. Y la Jefatura puso a Asuntos Internos detrás del hueso hasta las detenciones, en enero de 2015, de los agentes de la Científica y la posterior ampliación de las pesquisas al entorno de la comisaria de Carabanchel cesada. La batalla continúa. En el horizonte cercano está el juicio oral.