La pelea entre las juezas ensombrece la instrucción del 'caso ERE'

Será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)quien, tras un informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tenga la última palabra sobre si la instrucción la debe rematar Alaya, ubicada ahora de forma voluntaria en la Audiencia provincial merced a un concurso oposición, o la nueva juez titular de instrucción 6, María Nuñez. La 'incansable' Alaya, como ella misma se definió, logró plaza en la sección Séptima de la Audiencia, precisamente la misma que revisa los recursos del caso ERE -lo que la obliga a inhibirse de estas resoluciones- pero mantuvo la esperanza de continuar las diligencias mediante una comisión de servicio. Y lanzó un órdago: o llevaba toda la instrucción, y el resto de macrocausas que cercan a la Junta de Andalucía, o nada.

La nueva titular respondió al envite, y repartió trabajo con el visto bueno del TSJA. Nuñez se quedaría las macrocausas en estado incipiente (como los cursos de formación o las irregularidades en los avales dados a través de la agencia IDEA), mientras que Alaya mantendría el caso ERE, supuestamente ya en su recta final, y solo mientras se decidía sobre la división en piezas separadas. Pero la juez estrella no pudo soportar tal desplante, y en un duro escrito remitido directamente al CGPJ en junio cargó contra su sucesora. Puso en entredicho su capacidad y preparación, al ser Núñez juez de Familia -"frente a la experiencia y los resultados que, humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria"-, y cuestionó lo más sagrado para un juez, su independencia, asegurando que según había conocido por los medios de comunicación mantenía "una estrecha amistad" con el consejero andaluz de Justicia.

"Escasa voluntad"

Este escrito dinamitó cualquier posibilidad de entendimiento. Mientras el TSJA lamentó la "escasa voluntad de colaboración" que demostraba, Nuñez lo calificó de "poco elegante" y se guardó su venganza. Primero dividió la causa en centenares de piezas separadas, como reclamaron constantemente la Fiscalía y el Tribunal Supremo para agilizar la investigación encontrándose siempre con la férrea negativa de Alaya. Y hace un par de semanas, y a instancias del presidente del TSJA, la juez titular de instrucción 6 redactó un informe para la sala de Gobierno del alto tribunal andaluz en el que, sin rodeos, planteó su deseo de prescindir de Alaya como colaboradora en comisión de servicio, alegando que lo que necesita realmente son más funcionarios. Este informe es un paso habitual, y también en su momento lo dio Alaya, cuando rechazó de forma sistemática el refuerzo de otros jueces, limitándose a admitir un magistrado que se encargase de los asuntos ordinarios mientras ella gestionaba las grandes macrocausas.

Con las espadas en alto entre ambas juezas, el caso sigue empantanado, como demuestra que el viernes Anticorrupción reclamara al juzgado que se impongan de una vez las fianzas civiles a 83 imputados que ya declararon ante Alaya sin que se respondiera a esta medida cautelar. Ahora es el tribunal andaluz quien tiene que pronunciarse y orientar al CGPJ. No ha habido acuerdo en las últimas reuniones, y tras admitir el presidente del TSJA que esta pelea causa "perjuicio" a la justicia, ha emplazado al próximo 13 de octubre para resolverlo. Algunas voces hablan de la necesidad de que la decisión esté bien fundamentada para no dar lugar a futuros recursos de forma que echen por tierra en el último momento los cinco años de instrucción del caso ERE.

En cualquier caso, se trata de una decisión nada baladí, porque entre otros elementos dirimirá quién se encargará tomar declaración de nuevo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, toda vez que con la renuncia del exconsejero José Antonio Viera a su acta de diputado estas diligencias han vuelto del Supremo a Instrucción 6. Algunos implicados perciben un cambio en la orientación del investigación tras el cambio de juez, por lo que apuntan a que, en caso de ser Alaya quien se alce con la victoria, el desfile de políticos socialistas hasta el juzgado de Sevilla podría coincidir con las generales.