El PP impone sin cambios su reforma exprés del Constitucional

El texto, que ha sido censurado por prácticamente toda la oposición por "innecesario" e "inconstitucional" y porque su único objetivo es inhabilitar al presidente catalán en funciones, Artur Mas, si incumple sentencias del TC, se enviará ahora al Senado, cuya Comisión Constitucional eligió este mismo miércoles -antes incluso de que el Congreso aprobara la iniciativa- a los miembros de la ponencia que estudiará la reforma.

La proposición de ley, presentada al inicio del actual periodo de sesiones por el candidato popular a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, se ha tramitado de urgencia (acortando los plazos a la mitad) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión) con el fin de poder completar todo el proceso parlamentario antes de las elecciones generales.

La reforma exprés aprobada este jueves por la Cámara Baja detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según el PP, ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.

Más multas y opción de suspender a un presidente

Con su proposición, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.

Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.

Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.

Críticas de la oposición

La oposición ha manifestado en el Congreso su rechazo a la reforma que permitirá al Tribunal Constitucional suspender a funcionarios y gobernantes que incumplan sus sentencias judiciales. El PSOE ha acusado al PP de aplicar la "tanqueta" para tramitar de manera exprés una modificación encaminada, según el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor, a moldear las instituciones como si fueran "monigotes de plastilina" y que tiene como destinatario el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

El principal partido de la oposición califica, además, de "torpe" el movimiento político, porque aunque según los populares persiga dotar de herramientas al Estado para hacer frente a una declaración unilateral de independencia, sólo logrará, a juicio del PSOE, "echar gasolina al victimismo" de los secesionistas. A Sánchez Amor la modificación le evoca la frase de 'El Padrino': "le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar".

El diputado popular, Pedro Gómez de la Serna, ha aclarado que no esperaba el respaldo de los socialistas, que en Cataluña han pactado con formaciones independentistas que "recaudan dinero para presos de ETA". Al PSOE le ha recordado el "lío" que montó el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero al negociar "a oscuras" la reforma del estatuto de autonomía catalán, "traicionando" al PSC. "Son ustedes los que pasaron a un estatuto de consenso a uno de exclusión", ha reprochado.

El PP justifica la modificación para cubrir las lagunas existentes y que impiden que no se respeten las resoluciones del Tribunal Constitucional. Así entiende que ocurrió con la pseudo consulta soberanista del pasado 9 de noviembre, que se celebró a pesar de todo. Pero sólo UPyD se escapa de la negativa rotunda y plantea cambios puntuales en la inciativa para que sea la justicia penal y no el Constitucional quien imponga la sanciones por desobediencia de las sentencias.

El resto de grupos han coincidido en su rechazo frontal a la proposición de ley y han subrayado que se trata de una estrategia equivocada para hacer frente al conflicto catalán. El PNV ha incidido en el "fracaso electoral" de quienes se oponían al soberanismo en Cataluña; Unió, que ayer pidió al presidente Mariano Rajoy elaborar una propuesta política de envergadura para buscar soluciones, entiende que la reforma legal sólo alienta el "desencuentro"; mientras Convergencia ha acusado al PP de estar instalado en el "autoritarismo" y no haber evolucionado.

Más elevado ha sido el tono de la Izquierda Plural. El diputado de Iniciativa, Joan Coscubiela, ha provocado la indignación en los escaños populares al denunciar que la cultura política de la derecha ha legitimado incluso el golpe de Estado como manera de llegar al poder. Entiende Coscubiela que el expresidente José María Aznar entró y salió de la Moncloa y que el actual jefe del Ejecutivo pretende mantenerse en ella, con la misma filosofía de que "cualquier fin es válido" para alcanzar el Gobierno.

Aluvión de calificativos

Desde Esquerra, Joan Tardá no ha ahorrado calificativos en su intervención contra la proposición de ley que hoy se aprueba en el Congreso para ser remitida al Senado.

El diputado catalán cree que los populares "están enloquecidos", que el expresidente Felipe González es un "miserable" por comparar independentismo y nazismo y que el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, es un "sinvergüenza" por sugerir la posibilidad de corralito en Cataluña. "Suciedad típica de tahúres", ha concluido tras recomendar al PP que siga construyendo cárceles