La juez castiga a 'La Tigresa' pese a sus salidas de prisión para sacarse el carné

La que fuera integrante del cruento 'comando Madrid' tiene intervenidas las comunicaciones desde el 1 abril, tanto orales como escritas, relativas a sus llamadas telefónicas o a las visitas de familiares y amigos. Una decisión tomada por la dirección de la prisión que ahora ha sido ratificada por una juez de la Audiencia Nacional con funciones de Vigilancia Penitenciaria, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.

La magistrada María de los Reyes Jimeno considera que la reinserción de 'La Tigresa' "aún presenta importantes lagunas y deficiencias" para tener intervenidas sus comunicaciones. "No se aprecia un arrepentimiento pleno, no consta que haya expresado por escrito o de forma pública el perdón a todas las víctimas de sus delitos y no ha colaborado con las autoridades judiciales o policiales encaminadas a conseguir el final de la ETA", justificó.

La juez reconoce en el auto que "si bien la evolución de la interna puede calificarse de positiva y ha puesto de manifiesto un aceptable grado de desvinculación" de la banda, no es suficiente porque "solo asume una parte de su actividad delictiva". Una resolución de febrero del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria afirmaba que pese a cumplir condena por 23 asesinatos "solo admite dos, alegando de forma justificativa que se trataban de un traficante de drogas y de un miembro de los GAL".

No obstante, los contundentes argumentos de la juez Jimeno contrastan con los 'pasos' dados por la reclusa desvinculada de ETA desde 2010. El dato es que 'La Tigresa' se encuentra en la cárcel vasca donde trasladan a aquellos etarras arrepentidos que en su momento se acogieron a la denominada 'vía Nanclares', ahora en punto muerto.

17 salidas sin control

La postura del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria difiere de las resoluciones de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, instancia superior. El hecho es que la sección primera, presidida por Fernando Grande-Marlaska, autorizó en noviembre pasado que la interna pudiera sacarse el carné en aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, situación legal necesaria para los presos en segundo grado sin permiso de salida de varios días, como es el caso de López Riaño.

Ello supuso que la reclusa abandonase durante dos horas diarias el centro penitenciario para realizar 17 clases prácticas en Vitoria, acompañada de un educador que habitualmente trabaja con ella y, lo más llamativo, sin control policial. Esta circunstancia ha sido capital para que su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, recurriese la decisión de la juez Jimeno, que apeló además a la "capacidad criminal y peligrosidad" de 'La Tigresa'. Por ello, ha elevado una apelación a la sala para que revoque el control de sus comunicaciones. Una medida restrictiva de derechos fundamentales de los presos que debe ser temporal (revisable cada seis meses) y motivada, como dicen el Tribunal Constitucional y la corte Europea de Derechos Humanos.

La juez menciona que la falta de reconocimiento del daño causado se aprecia en las comunicaciones realizadas por la interna y que su control "es un instrumento imprescindible como herramienta de contraste y conocimiento de su evolución en el proceso de reinserción social", en referencia a los contactos que mantiene con familiares, amigos y otras personas del exterior.

"Otros arrepentidos gozan de beneficios y cuando llega a los juicios no se acuerda de nada (en referencia a Valentín Lasarte). O se está fuera (de ETA) o no se está. No valen medias tintas y todo lo que diga es una criminalización con la presa que más miedo se le tiene", asegura el abogado defensor en su recurso.