Anticorrupción pide a la juez de los ERE que tome declaración como imputados a los cuatro exconsejeros autonómicos

En su escrito, remitido al juzgado el pasado 21 de septiembre, Anticorrupción solicita la imputación en la instrucción de los exconsejeros Antonio Ávila (responsable en su momento del área de Economía), Francisco Vallejo (Innovación), Manuel Recio (Empleo) y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), y pide que se les cite a declarar lo antes posible "teniendo en cuenta la evidente y notoria carga de trabajo del Juzgado", ya que además del caso ERE instruye otras dos macrocausas: las irregularidades en los cursos de formación o los avales y ayudas concedidos a empresas por la agencia IDEA.

Entiende la Fiscalía que tras perder la condición de diputados autonómicos y miembros de la mesa permanente, también han perdido el fuero especial, por lo que la parte de la investigación que se llevaba en el TSJA debido a esta situación ya ha sido remitida a la causa general que instruye el juzgado 6 de Sevilla. Por tanto, debe ser este quien ahora proceda a su imputación y fije fecha para una nueva declaración "con todas las garantías procesales, en calidad de imputados".

Así, serán ya parte personada en la causa general y podrán conocer todos los indicios que pesan contra ellos "de manera individualizada" y que se glosaban en la exposición razonada que la anterior juez instructora Mercedes Alaya remitió al TSJA para justificar su implicación.

"Esta petición de relación individualizada de hechos imputados se considera necesaria además para evitar que en cualquier momento procesal posterior las defensas de los ahora y en el futuro inculpados puedan alegar, en defensa de sus legítimos intereses, la prescripción o cualquier tipo de indefensión derivada de no poder articular de manera eficiente sus medios de defensa", defiende la Fiscalía, para quien si alguno alega esta falta de garantías jurídicas "podría derivar en una nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial del material probatorio, y por ende imposibilitar o dificultar al Ministerio Fiscal la formulación de un sólido escrito de acusación al carecer de prueba válida suficiente".