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Mateo Balín
Domingo, 20 de septiembre 2015, 22:33
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, vuelve este lunes a los tribunales. El joven está citado para declarar como querellado en la causa que investiga un delito de injurias contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La razón fue unas declaraciones que realizó en ... noviembre pasado en varios medios de comunicación, apenas un mes después de su detención. Aseguró que había realizado trabajos para el servicio secreto -«Era un charlie del CNI», dijo- y después denunció que le habían pinchado el teléfono móvil de forma ilegal.
Estas declaraciones en el programa de Telecinco Un tiempo nuevo, un magazine de máxima audiencia los sábados por la noche, que aquel 22 de noviembre fue visto por 2,7 millones de espectadores, no quedaron en saco roto. Provocaron una sucesión de desmentidos por parte de CNI, Gobierno, Casa Real y Comunidad de Madrid y pocos días después la Abogacía del Estado presentó una querella en nombre de los servicios de inteligencia, un hecho inaudito.
Acusaron al joven por la supuesta comisión de un delito de injurias graves a los ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y este lunes, en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, el pequeño Nicolás tiene una cita para volver a ver la cinta, contestar a las preguntas del juez y del fiscal y «demostrar con pruebas», como ha llegado a asegurar, que lo que dijo ante 2,7 millones de espectadores era verdad.
«Se me ha denunciado por decir que el CNI pincha teléfonos ilegalmente. Existe una grabación que se realizó en el despacho del comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, entre policía y miembros del CNI en la que dice que mi teléfono ha sido intervenido y que necesitan cobertura legal. Además de eso dicen que hay que lavar todo lo que se pueda y hablan de diferentes irregularidades que han cometido», indicó entonces en una de sus visitas a los juzgados.
También señaló que entre estas irregularidades se encuentra su propia detención, que fue practicada por agentes de Asuntos Internos que, afirmó, «sólo detienen a funcionarios y no a civiles». «Se tiene que aclarar toda esta situación y que se conozca la verdad». Una estrategia que consiste en anular el otro procedimiento abierto contra él en un juzgado de Madrid, en el que le imputan estafa, falsedad documental y usurpación de identidad, y donde hay varios agentes y cargos políticos madrileños encausados.
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