Cien días de cambio y patinazos

Los ejecutivos municipales se han aplicado en poner en marcha algunas de las medidas sociales prometidas en campaña tras ocho años de recortes y austeridad. El primer acto de Ada Coalu (Barcelona en Comú) como alcaldesa de la capital catalana fue acudir a evitar un desahucio. También lo intentaron aunque sin éxito el gaditano José María González, Kichi, (Por Cádiz Sí se Puede) y varios de sus concejales, que llegaron a enfrentarse con los policías encargados del desalojo. En la capital, Manuela Carmena (Ahora Madrid), optó por una vía más ortodoxa: ha abierto una oficina de intermediación hipotecaria que hace de puente entre los bancos y los afectados por los desalojos. Y el valenciano Joan Ribó (Compromís) ha ordenado a la Policía Local de Valencia que no intervenga en ninguna operación de ese tipo.

Las reducciones de salarios también han sido generalizadas. Los nuevos gobiernos de Barcelona, Valencia y Zaragoza han rebajado la asignación de sus concejales en un 25%. A modo de ejemplo, frente a los casi 110.000 euros anuales que se embolsaba Xavier Trias, Colau cobrará 80.000 euros, de los que además donará 37.000 euros. Un caso curioso es el de Madrid. Carmena se ha comprometido a sumarse a la rebaja, pero como está en minoría tiene que lograr el respaldo de sus aliados socialistas para hacerlo. De momento, ingresa los mismos 100.000 euros anuales que la exprimera edil del PP, Ana Botella.

La última medida impulsada desde el Ayuntamiento de Barcelona, a la que han sumado el resto, tiene carácter internacional: crear una red de ciudades-refugio para demandantes de asilo. La propuesta no sólo ha tenido una gran acogida entre la población sino que ha obligado al Gobierno central a moverse después de semanas de remoloneo ante la crisis de los refugiados.

La relación de propuestas que han lanzado los alcaldes del cambio es extensa, desde comedores escolares para los niños desfavorecidos -algo en lo que coinciden con primeros ediles de distinto color político- a la eliminación de símbolos franquistas pasando por la paralización de grandes operaciones urbanísticas, peatonalización de calles

En lo que respecta a las formas, los cambios también han sido significativos. Los coches oficiales para desplazarse al trabajo han quedado aparcados en beneficio del metro, en el caso Carmena y Colau, o de la bicicleta como la que utiliza el valenciano de Compromís Joan Ribó. Esos vehículos solo se usan para desplazamientos y actos oficiales.

El socialista Óscar Puente se estrenó al frente del Consistorio de Valladolid con la apertura al público de la puerta principal del Ayuntamiento, reservada durante los últimos años a las ocasiones especiales mientras que los ciudadanos accedían al edificio por una puerta lateral. Otro toque original del alcalde vallisoletano ha sido prescindir del chófer y se desplaza por la ciudad al volante de un coche eléctrico fabricado en su tierra.

Los representantes municipales de las mareas gallegas han tenido igualmente tiempo de significarse en público. En una ciudad como Santiago de Compostela, Martiño Noriega ha renunciado a realizar ofrendas al apóstol y el coruñés Xulio Ferreiro ha vetado los toros. Precisamente, la tauromaquia se ha convertido en objeto de debate en muchos lugares. Palma de Mallorca, con Gobierno socialista apoyado por Mes y Som Palma, también se ha declarado ciudad antitaurina, mientras que en San Sebastián, que en mayo pasó de manos de Bildu al PNV, han regresado los astados tras cuatro años de ausencia.

Los quebraderos del poder

Pero los gobernantes municipales también han probado los quebraderos de cabeza que produce el poder y han dado patinazos memorables. Carmena tuvo que prescindir de su concejal de Cultura 48 horas después de asumir el cargo por unos polémicos tuits ofensivos, se vio envuelta en la polémica por un blog municipal de desmentidos periodísticos y se ha enredado en unas contrataciones de familiares suyos y de concejales de difícil explicación.

Colau se ha enfrentado al Gobierno central al ordenar la retirada de un busto de don Juan Carlos del salón de plenos a la vez que tiene que lidiar en el día a día con el secesionismo, al que no le gustó nada que bloquease la adhesión de Barcelona a la asociación de ciudades independentistas. También se enfrentó al mundo hostelero al congelar las licencias de apertura de establecimientos del ramo; no ve prioritario subvencionar el gran premio de Fórmula uno de Montmeló, y prohibió la misa en el castillo de Montjuïc a los caídos en el bando franquista durante la Guerra Civil.

En Cádiz, José María González, Kichi, ha colgado en su despacho el cuadro de un anarquista local, pero también ha tenido que ponerse corbata. Ha reconocido que su ayuntamiento está en bancarrota y ha recortado las subvenciones a las hermandades de Semana Santa. Todo en menos cien días.