Mateo Balín
Sábado, 19 de septiembre 2015, 07:35
"Detenidos tres rumanos. De momento tres pisos". Al teléfono móvil de la comisaria de la Policía Nacional Gloria M. le llegó este mensaje a su whatsapp el 18 de septiembre de 2014. Era del inspector jefe Javier V., responsable de la sección de Policía ... Judicial de la comisaría de Carabanchel, un popular distrito de Madrid donde viven 270.000 personas. Ambos, jefa y subordinado, se felicitaron por la noticia. Sin embargo, lo que parecía un nuevo arresto de una banda dedicada a robar pisos es hoy un proceso judicial con 14 agentes imputados. Se investiga la supuesta falsificación de pruebas en la Policía Científica, cuyas consecuencias en numerosos procesos judiciales resueltos podrían verse abocados a la nulidad.
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Sobre la base, el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid trata de dilucidar las responsabilidades penales de los autores de esta mala praxis. Ha encargado una auditoría para revisar durante los tres últimos años todos las inspecciones oculares con resultado positivo realizadas en la comisaría de Carabanchel, donde estaban asignados los agentes imputados. Sospecha que no estamos ante un caso aislado, sino ante una actividad delictiva prolongada en el tiempo.
En el fondo de esta trama está la presión y la competencia entre unidades policiales por las estadística contra la delincuencia, ese baremo que mide el progreso laboral en el Cuerpo. Pero detrás de esta fachada se vislumbran viejas rencillas y cuentas pendientes en la jefatura policial madrileña. Una guerra interna que ha llegado hasta la Dirección General.
Por un lado están la exjefa de la comisaría de Carabanchel, Gloria M. y el responsable de la Policía Judicial de esa sede, Javier V. Del otro, la Brigada Provincial de Policía Científica, con la comisaria Carmen M. al frente, y varios subordinados. En un segundo plano aparecen los dos mandamases policiales de Madrid: el jefe superior Alfonso José Fernández Díez y el encargado de la unidad operativa, Juan Manuel Calleja, quien fue relevado en abril pasado tras filtrarse en la prensa que mantuvo una reunión con el cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa. Un episodio más de esta guerra interna.
Aquel 18 de septiembre, las identidades de los detenidos en el móvil de la comisaria Gloria M. eran de los ciudadanos rumanos Lazar F., Constantin A. y Aurel R., pescados in fraganti robando en la calle Coronel Valenzuela de Madrid. A su abogada, sin embargo, algo le olió mal desde el principio, ya que también les imputaba un robo sin testigo alguno, sólo con huellas, en otro domicilio.
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Ese piso era el de Sagrario B., en la cercana calle Inmaculada Concepción. Unos agentes habían acudido a su casa a recoger las pruebas para cotejarlas con los datos de los detenidos. El sobre blanco que salió de aquella casa fue el germen del caso. Y luego las escuchas autorizadas por el juez destaparon el resto.
La Jefatura puso a la unidad de Asuntos Internos detrás del hueso. Las huellas recogidas, estampadas en el citado sobre, tenían unos 4.000 puntos de lectura, cuando lo habitual son no más de 2.000. Algunas de ellas aparecieron, de hecho, sobre etiquetas adhesivas que los agentes de la Científica habrían colocado sobre una caja de medicamentos y otra de bombillas. Todo era demasiado perfecto; todo parecía manipulado.
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Núcleo de la trama
En el mes de octubre avanza el caso. Se identifica a los agentes de la Científica de Carabanchel y las pesquisas de Asunto Internos se llevan por delante al inspector jefe de la Judicial Javier V., a quien los investigadores sitúan en el núcleo de la trama. A la comisaria Gloria M. la cesan el 9 de octubre y el 4 de noviembre el jefe superior le comenta que la razón es la pérdida de confianza al no dar cuenta de las supuestas irregularidades en las inspecciones oculares de su comisaría. Un golpe bajo que ahora está dispuesta a rebatir ante el juez.
En su declaración judicial, su compañero el inspector Javier V. tiró de la manta. Aseguró que miembros de la Brigada Provincial de la Científica les ofrecieron a ambos hacer la vista gorda si se destruían los expedientes. Una versión radicalmente opuesta a la que motivó el cese de la comisaria Gloria M.
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Con esta base, el abogado del inspector, Fernando Pamos de la Hoz, remitió la semana pasada un escrito al juzgado en el que solicitó la declaración de la comisaria para reafirmar la versión de su cliente. También para que confirme el "caso omiso" que le hizo el jefe superior a su denuncia sobre la oferta de la jefa de la Científica, Carmen M., para destruir pruebas con «anomalías», lo que constituiría un delito por inducción. Estos hechos ya fueron reconocidos por la comisaria en su declaración policial de enero y suponen más dinamita en esta guerra interna.
"Los investigadores (de Asuntos Internos) cargan las tintas contra quien han querido, dejando fuera a otras personas y obviando la denuncia sobre la destrucción de pruebas que hizo la comisaria", sentencia el abogado defensor en su escrito. La batalla continúa. El juez tiene la palabra.
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