Anticorrupción posibilitó la detención en Panamá de los testaferros rusos de los Obiang

El papel de la Fiscalía Anticorrupción y las diligencias pedidas por los querellantes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), fue primordial para la caída de la familia rusa, que, se sospecha, ayudó a blanquear fondos públicos guineanos en España para luego desviarlos al patrimonio personal de familiares y altos cargos del régimen de Teodoro Obiang. Este dinero procede del beneficio de la venta de petróleo.

El juzgado canario indaga las supuestas cuentas y propiedades del presidente guineano en España y los investigadores consideran que la compañía Kalunga Company SA, supuestamente dedicada a actividades navieras, podría ser la tapadera que el clan Obiang utilizaba en Canarias para meter el dinero en Europa.

Los propietarios de dicha empresa son Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, el matrimonio detenido la semana en Panamá junto a su hijo Igor.

En un comunicado, Apdhe ha afirmado que de la investigación penal de este complejo conglomerado trasciende la violación continuada y sistemática de los derechos económicos y sociales del pueblo ecuatoguineano, consecuencia directa de la corrupción imperante en el país. Esta situación resulta todavía más grave () porque más de la mitad de la población vive en condiciones de extrema pobreza, mientras que el presidente Obiang es uno de los gobernantes con mayor riqueza personal del mundo.

20 millones

La querella de la acusación popular relataba que, entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003, se transfirieron 26,4 millones de dólares (unos 20 millones de euros) en 16 transferencias bancarias realizadas desde una cuenta del Banco Riggs de Nueva York, en la que el Gobierno de Guinea Ecuatorial figuraba como propietario, a otra cuenta de la empresa Kalunga Company, domiciliada en una oficina del banco de Santander en Las Palmas de Gran Canaria. Según la querella, este dinero fue blanqueado mediante la compra de numerosos inmuebles, algunos de ellos ubicados en la capital grancanaria.

La detención de los Kokorev en Panamá, donde vivían desde hace cinco años, y su posible entrega a España si se cumple el tratado bilateral podría clarificar la deriva de la causa.