Anticorrupción pide imputar al exministro Pimentel en el caso de los ERE

Pimentel ha mostrado su "sorpresa" y ha asegurado que la petición "está traída por los pelos", a la vez que ha reiterado el hecho de que no tiene "nada que ocultar". A su vez, ha subrayado que no había "nada ilegal ni oscuro" por parte suya ni de los "trabajadores honrados".

El escrito que Anticorrupción ha remitido a la juez titular María Núñez Bolaños se ampara en un atestado de la Guardia Civil que detalla cómo la empresa editora de Pimentel, Taller de Libros, se benefició de al menos dos ayudas desde la dirección general de Trabajo andaluza, en manos de Javier Guerrero, sin que mediara petición formal y sin que se acreditara el carácter excepcional de las mismas.

El objetivo de estas subvenciones era facilitar que Taller de Libros enajenase a la cordobesa Graficromo S. A., liquidada por crisis en 2005 mediante un plan que preveía no solo la enajenación de bienes y servicios a favor de la nueva empresa del exministro, constituida días antes, sino también la extinción parcial colectiva de los contratos de trabajo. Una operación de traspaso escalonado de trabajadores que se acordó en reuniones en las que participaron el comité de empresa de Graficromo; Pimentel, en calidad de empresario promotor de la nueva sociedad, y el director de Trabajo Javier Guerrero y el delegado provincial en Córdoba por parte de la administración autonómica.

Tras la liquidación de la empresa Graficromo, la dirección general de Trabajo formalizó con una mediadora del caso ERE un expediente de prejubilación de diez de los trabajadores por importe de un millón de euros, aunque la Fiscalía pone en cuestión la legalidad de estas pólizas al tramitarse prescindiendo "total y absolutamente del procedimiento legal establecido" y sin que se aplicaran criterios de publicidad u objetividad. "No existe en todo el expediente ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regula la concesión de subvenciones", subraya el escrito del ministerio público, que considera por tanto que la ayuda podría ser "nula de pleno derecho". Por si fuera poco, señala la Fiscalía, "no consta" que el dinero se destinara al pago de primas de los extrabajadores, que llegaron a declarar que el dinero fue a parar a "los miembros del comité de empresa".

Otros posibles imputados

Posteriormente, entre 2008 y 2008 la empresa de Pimentel presentó concurso de acreedores y se solicitó la suspensión temporal de los contratos de la plantilla. Ante el impago de las nóminas, el delegado provincial de Trabajo en Córdoba y el nuevo director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez acordaron "de forma verbal" dar 300.000 euros como ayuda sociolaboral a la empresa Taller de Libros, según consta en el atestado de la Guardia Civil.

Junto a Pimentel, Anticorrupción pide la imputación del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los tres ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera) y el que fuera delegado provincial de Trabajo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez, así como de varios responsables de la consultora Vitalia, la mediadora que gestionaba las pólizas de las prejubilaciones, los miembros del comité de empresa de Graficromo y otra persona que actuó como asesor por parte de CC.OO. Además, la Fiscalía pide que las diligencias referidas a estas empresas sean tratadas como una pieza separada dentro del bloque de las ayudas pagadas por la Junta de Andalucía a diferentes empresas, tal y como se acordó tras la división de la causa de los ERE en piezas singulares.