COLPISA / AFP
Martes, 8 de septiembre 2015, 16:17
Víctimas españolas denunciarán en Argentina por delitos de lesa humanidad a varios miembros de ETA y dirigentes de su antiguo escaparate político, Herri Batasuna, después que la justicia española sólo aceptara una investigación por hechos cometidos después de 2004.
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"Nosotros creemos que este delito ( ... de lesa humanidad) es de aplicación con mucha más anterioridad, como mínimo del año 95 en adelante", ha dicho Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, que presentará la querella a finales de esta semana. "Por eso planteamos una querella a nivel internacional, porque los tribunales argentinos han demostrado en otras sentencias la posibilidad de aplicar el delito de lesa humanidad" desde mediados de los años 90, añadió.
La asociación presentará esta querella contra la banda en virtud del principio de justicia universal. La denuncia se fundamentará en casos como los asesinatos de los concejales del Partido Popular en la localidad vasca de Rentería, Francisco Zamarreño y José Luis Caso, perpetrados en junio de 1998 y diciembre de 1997, respectivamente. También denuncia la aprobación en 1994 por la Mesa Nacional (órgano directivo) de Herri Batasuna, predecesora de Batasuna, de la denominada ponencia Oldartzen, en la que el brazo político de ETA abogaba por ampliar los ataques a policías y militares a otros miembros de la sociedad como políticos o empresarios.
"Utilizando esa argumentación y esas pruebas de esa ponencia solicitamos la imputación por delitos de lesa humanidad a los dirigentes de esa Mesa Nacional que son autores o que firmaron esa ponencia Oldartzen", ha explicado Portero. "Resulta paradójico que en un tribunal sudamericano se pueda estar investigando a ETA por delitos de lesa humanidad anteriores a lo que permite la Audiencia Nacional y en la propia España, no", se ha lamentado.
La justicia española abrió en julio una investigación contra ETA por delitos de lesa humanidad, pero limitándola a "los delitos de asesinato o secuestro que pudieran haber sido cometidos por miembros de la organización terrorista ETA desde el 1 de octubre de 2004", fecha de la entrada en vigor de esa figura en el código penal español.
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