'Secreto populi'

Ese día Maragall destapó una olla que llevaba un par décadas en ebullición. Aunque la furibunda y, a la luz de los hechos posteriores, farisea reacción de Mas obligó al socialista a envainar su acusación. "Usted ha perdido los papeles", tronó el hoy presidente catalán, y añadió: "Acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas". Maragall reculó y retiró sus palabras en aras, dijo, del interés general porque "Cataluña tiene ante sí cosas muy importantes que hacer". Se refería a la redacción del nuevo Estatut que cinco años después cercenaría el Constitucional. Pero el líder convergente, no contento con el paso atrás, exigió a los socialistas que si tenían "pruebas" de las comisiones del 3% fueran a los tribunales. Ni el PSC ni nadie acudió al juez.

La verdad es que el socialista no fue el primero en airear el cobro de las comisiones en Convergència. Con menos precisión, el que fuera líder de Esquerra, Josep Lluís Carod-Rovira, afeó al propio Jordi Pujol en 1998 "la tradición de percibir comisiones en obra pública". Pero la cosa no fue a más. Las palabras de Maragall, sin embargo, avivaron un debate recluido hasta entonces en las conversaciones privadas o en los comentarios mordaces de sobremesa.

Carod-Rovira volvió a adquirir protagonismo seis meses después para elevar el listón de las coimas al 5%. Recordó que la primera vez que habló del asunto seis años atrás, "alguien muy importante" de Convergència le acusó de haber dicho "una mentira y una injuria" porque el peaje que pagaban las empresas al partido no era del tres sino del cinco. Sus comentarios, de nuevo, se los llevó el viento.

Pero llegó el 'caso Pujol' y saltaron todos los velos de la financiación del partido fundado por el expresidente y ahora encabezado por Mas. Hasta entonces, Convergència había tenido la habilidad de acotar los casos que surgían a actuaciones particulares. Como el desfalco del Palau de la Música, en el que una constructora pagaba a la entidad cultural barcelonesa sumas multimillonarias por contratos con las administraciones públicas catalanas. De ese dinero, 6,6 millones de euros, según la investigación judicial, fueron a las arcas convergentes. Pagaron el pato los responsables del Palau y un extesorero de Convergencia. Las fuertes evidencias, no obstante, llevaron al juez a embargar 15 sedes del partido. Mas se declaró ignorante de qué era y cómo funcionaba todo aquel entramado.

El sistema de siempre

La investigación sobre la herencia no declarada y confesada por Jordi Pujol en julio de 2014 enseguida se adentró por los vericuetos de la financiación del partido y las fortunas amasadas por algunos de los hijos del expresident. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil encontró otra modalidad en el cobro de comisiones. Ni el tres ni el cinco, el 4,5%. Del que el 3% iría a parar a Convergència y el 1,5 restante a la familia Pujol. Mas, de nuevo, dijo desconocer los supuestos negocios de los Pujol y los cobros ilegales del partido.

Hasta que una investigación perdida en un juzgado de El Vendrell, en Tarragona, motivada por una denuncia de Esquerra y el PSC, destapó con pelos y señales el sistema de siempre: pagos de otra constructora, Teyco en este caso, a cargos de Convergència, sumas que iban a financiar al partido. Esta vez había papeles y la Guardia Civil allanó la sede principal del partido, su fundación y cuatro municipios convergentes.

Una estocada a un sistema que al parecer se implantó desde los primeros tiempos del 'pujolismo' en los años ochenta, que conoció su apogeo en los noventa, y que continuó, al menos, hasta el año pasado. Era parte del paisaje político de Cataluña.