La oposición en bloque se enfrenta al PP para tratar de frenar la reforma del Constitucional

Un día después de que el PP anunciase y registrase su proposición de ley, por la que se dotaría al Constitucional de capacidad sancionadora y que permitiría a este organismo suspender al presidente catalán, Artur Mas, si incumple sus resoluciones, la oposición ha tomado la iniciativa y ha dirigido su ofensiva contra el presidente del Congreso, Jesús Posada.

La idea ha partido del PSOE, que ha negociado y pactado con el resto de grupos un escrito dirigido a Posada en el que le piden que reconsidere la decisión que tomó ayer, cuando calificó la iniciativa de los populares y aceptó su tramitación urgente.

Una urgencia que no ven justificada los demás partidos, que han insistido en que la medida es electoralista y supone además, según la mayoría de los portavoces parlamentarios que hoy han hablado, un "atropello" a la democracia y al poder legislativo.

Magdalena Valerio, secretaria general adjunta del grupo socialista, ha acusado a Posada de incumplir el reglamento y poner sus funciones "al servicio" del PP y ha asegurado que el presidente solo puede calificar proyectos de ley o tratados internacionales de urgencia, pero no proposiciones de ley de grupos.

Una tesis que ha negado el propio Posada, quien ha respondido a los grupos defendiendo su potestad y les ha asegurado que los servicios jurídicos del Congreso le dieron el visto bueno ayer para calificar la proposición y permitir su tramitación exprés.

Posada ha admitido en cualquier caso que los grupos pueden pedir a la Mesa que reconsidere la decisión que él tomó de forma delegada.

Portavoces de todos los grupos de la oposición han hablado durante la jornada para hacer también su reproche al presidente del Congreso.

Y dejando a un lado la forma, todos han vuelto a criticar el fondo de esta reforma y a calificarla de electoralista, además de que varios, empezando por el PSOE, han advertido ya de que, si sale adelante, la recurrirán ante el propio Constitucional.

El portavoz de CDC en el Congreso, Pere Macías, ha pedido por su parte el compromiso de todos los grupos de la oposición para que deroguen tras las elecciones esta "ley franquista", que también ha calificado de "chapuza jurídica y una monumental tropelía democrática".

"Legítima, oportuna y necesaria", según el PP

El PP, por su parte, ha criticado las calificaciones hechas por sus oponentes y ha vuelto a insistir en que la reforma es "legítima, oportuna y necesaria", en palabras de su portavoz constitucional, Pedro Gómez de la Serna.

De la Serna, que ha admitido que, si no se hace así la tramitación, no dará tiempo a aprobar la reforma antes de que acabe la legislatura, ha insistido en la "bondad" de esta propuesta.

La ha defendido también el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, quien ha ido más allá asegurando que la reforma tiene la "contundencia" que muchos ciudadanos estaban pidiendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que diera respuesta al "desafío" soberanista y al "ejercicio de rebeldía" de Artur Mas.

El presidente catalán no se ha referido hoy explícitamente a la iniciativa y durante su comparecencia en el Parlament ha vuelto a justificar la convocatoria de elecciones como única vía para que los catalanes se pronuncien sobre la independencia ante el "muro granítico" del Estado.

Varios barones del PP han salido hoy en defensa de su partido por impulsar esta iniciativa, como la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quien ha recordado que muchas sentencias del TC se incumplen "de facto", o el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha dicho que espera que Mas no incumpla ninguna sentencia del Constitucional una vez se apruebe la reforma.