'La tigresa', con permiso de circulación

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario accedió en diciembre pasado a la petición de López Riaño para obtener el permiso en un autoescuela de Vitoria próxima a la prisión de Zaballa, en la que cumple condena hasta agosto de 2018 por los 23 asesinatos cometidos en los años ochenta. Ya lleva cerca de 22 años entre rejas.

El centro accedió a la petición de López Riaño en cumplimiento de una resolución dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuya sección primera acordó a mediados de noviembre de 2014 que la reclusa pudiera obtener el carné en aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, situación legal necesaria para aquellos internos en segundo grado que no disfrutan de permiso de salida, como es el caso de la que fuera integrante del 'comando Madrid' de ETA.

La autorización supuso que abandonara la cárcel de lunes a viernes durante dos horas diarias para aprender a conducir. El permiso se extendía durante "15 días" -finalmente fueron 17 con el examen práctico- y la interna estuvo acompañada de un educador del centro penitenciario que habitualmente trabaja con ella, según la resolución de la Junta en la que en su momento tuvo acceso este medio. El educador es un funcionario que se ocupa de la parte terapéutica del recluso, que pasa tiempo en su módulo y valora su evolución. También forma parte de la Junta que establece y supervisa los programas de tratamiento.

Baja peligrosidad

En el caso de 'la Tigresa', durante sus horas de libertad no tuvo custodia policial, ya que el aplicarle el 177 del reglamento penitenciario se supone que estamos ante internos en segundo grado (el anterior al régimen de semilibertad) "que presentan un perfil de baja peligrosidad social y no ofrecen riesgos de quebrantamientos de condena".

El tribunal justificó su postura dado que en el expediente de López Riaño, trasladada en el verano de 2010 a Nanclares de Oca, donde se agrupan los presos disidentes de ETA, "consta la realización continuada en el tiempo de múltiples actividades formativas (llegó a cuidar perros), notas meritorias (tiene dos carreras y traduce al francés) y un perfecto andamiaje en su comportamiento (trabaja en el economato), sin que se haga referencia a sanciones dignas de mención".

Además, añadía el auto de los magistrado Fernando Grande-Marlaska, Manuela Fernández y Nicolás Poveda, desde hace más de tres años está desvinculada y ha asumido su responsabilidad por el daño causado.

Pese a esta buena carta de presentación de la reclusa, el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, rechazó en febrero pasado concederle un permiso de salida de varios días -en segundo grado podría acceder a hasta 36 días por año- porque sólo reconoce dos de los 23 asesinatos. Por otra parte, López Riaño se justificó diciendo que sus víctimas eran un traficante de drogas y el otro miembro del GAL.

"El no reconocimiento de todo el daño causado frente al delito conduce necesariamente a hacer una valoración negativa de la actitud de la interna, lo que es causa directa de denegación del permiso...", justificó el juez en su auto de marzo. Castro se encarga de supervisar a todos los presos de la Audiencia Nacional. En cambio, la defensa de López Riaño justifica que ha dado todos los pasos de redención para conseguir los permisos, al igual que sus excompañero Urrusolo Sistiaga o Valentín Lasarte, y que han pasado muchos años para que ahora le pidan recordar al detalle algunos atentados. "La única razón es porque fue quién fue", admiten fuentes de su defensa.