Catdem, en el punto de mira de la Justicia

Fue precisamente su implicación en el caso del expolio del Palau de la Música perpetrado por Fèlix Millet lo que motivó que CDC, en el año 2009, decidiera acortar el nombre de la Fundació Catalanista i Demòcrata Trias Fargas, suprimiendo la referencia al histórico dirigente nacionalista, por lo que desde entonces se la conoce como Catdem a secas.

Las sospechas sobre la vinculación de la Catdem en el presunto cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música deriva de tres convenios de colaboración cultural con la Fundació Orfeó Català por los que la fundación convergente recibió entre 1999 y 2008 un total de 630.655 euros.

En noviembre de 2009, CDC accedió a devolver al Palau de la Música los 630.000 euros que había recibido de la entidad musical en virtud de esos convenios, destinados a promocionar tradiciones de la cultura popular catalana, entre ellos el baile de la sardana.

La devolución de las cantidades recibidas de Fèlix Millet no impidió que el juez imputara en el caso al extesorero de CDC Daniel Osàcar, cuyo domicilio también está siendo registrado hoy por la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial por un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

Comisiones ilegales

Osàcar, para quien la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la trama del Palau de la Música, acabó involucrado también en el caso Millet después de que Hacienda concluyera que había recibido dinero en efectivo de los ex responsables de la entidad musical, a la luz de las anotaciones encontradas en sus agendas con alusiones a pagos a un tal "Daniel". En total, el juez del caso Palau concluye que, entre 2000 y 2007, Ferrovial pagó 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a CDC a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obras públicas, como la línea 9 del metro o la Ciutat de la Justícia, en los gobiernos de Jordi Pujol.

Los pagos de esas comisiones se vehicularon, según mantiene el juez, a través de tres vías: los convenios con la Catdem, las donaciones a extesoreros de CDC y facturación falsa a empresas de buzoneo proveedoras de la formación nacionalista.

El registro que el juez ha ordenado hoy de la Catdem se enmarca en la llamada operación Petrum 2, que investiga si la fundación recibió comisiones del 3% de las adjudicaciones que ayuntamientos controlados por CiU concedieron a la constructora Teyco de Jordi Sumarroca, una familia históricamente vinculada a los Pujol en lo político, lo personal y lo empresarial.

El caso del 3% tiene resonancias en Cataluña desde que, en el año 2005, el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall acusara a CiU en el Parlament de presunto cobro de comisiones ilegales, con la polémica frase dirigida a la bancada convergente: "ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3%".

Ayuntamientos, en el punto de mira

Además del registro de la sede de Catdem y el domicilio de Osàcar, el juez ha enviado a la Guardia Civil en busca de documentación a los ayuntamientos de Lloret de Mar, Figueres (Girona), Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), gobernados por CiU en los últimos años y que siguen a manos de la formación nacionalista, ante las sospechas de que cobraron comisiones de Teyco a cambio de adjudicaciones públicas.

Tres de esos ayuntamientos han estado dirigidos por importantes cargos del partido nacionalista, algunos de los cuales han ocupado responsabilidades de gobierno: de Sant Cugat fue alcalde Lluís Recorder, exconseller de Territorio y Sostenibilidad, y ahora lo es Mercè Conesa, portavoz de CDC y presidenta de la Diputación de Barcelona.

Por su parte, el Ayuntamiento de Figueres (Girona) fue gobernado por Santi Vila hasta que fue nombrado conseller de Territorio y Sostenibilidad, cargo que ocupa actualmente.