El PP descarta incluir una propuesta de reforma de la Constitución en su programa electoral

Por el momento, el PP se ve a sí mismo como el único partido en la defensa férrea del Estado de las autonomías que recoge la Constitución frente al federalismo que propugna el PSOE y el órdago de los nacionalistas catalanes. Es esta una posición en la que los populares se sienten cómodos y que creen que se corresponde con el deseo de una mayoría social, no partidaria de cambiar el modelo organizativo del país. «Si salimos a la calle y preguntamos a los españoles sobre sus preocupaciones, estoy convencido de que entre las veinte primeras no sale esa», apuntaba la semana pasada el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Lo que sí está previsto, según la cúpula del PP, es presentarse a las elecciones con un planteamiento general sobre la posibilidad de «actualizar algunos elementos que configuran el pacto constitucional» y que, trasladado al lenguaje común, se corresponde con impulsar el paquete de reformas políticas e institucionales que el partido esbozó en su convención de julio. En este sentido, se plantea la despolitización del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, o la revisión del reglamento del Congreso y la fijación de una limitación de los mandatos al frente del Gobierno. Mientras, la mejora del modelo territorial pasaría por la reforma puntual del Senado, la de la ley electoral, y la redefinición del sistema de financiación autonómica.

Líderes territoriales

Todo esto dista de los cambios en el Título VIII de la Constitución que algunos barones y miembros del Gobierno han señalado. La primera en dar el paso fue la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que en el último encuentro del partido apostó por retocar la Carta Magna para clarificar las competencias de las comunidades, un punto que los constituyentes habían dejado sólo bosquejado en 1979, y definir los principios de solidaridad e igualdad entre todos los territorios. También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, puso este mes el foco en los mismos artículos 148 y 149 que contemplan el reparto competencial, y recuperó la modificación del apartado sucesorio en la Corona para reconocer el mismo derecho a la mujer que al hombre, la supresión de aforamiento de los diputados regionales e incluso el reconocimiento de derechos sociales de nuevo cuño.

En el enfoque coinciden diversos líderes territoriales que, en privado, advierten de la conveniencia de afrontar el debate y no permitir que el resto de fuerzas políticas lleven la iniciativa en un asunto que parece ya ineludible. Fuentes regionales del PP consideran que ha llegado el momento de «aclarar al electorado» la postura sin ambages del partido y también de incluir una propuesta de reforma de la Constitución en el programa electoral. En todos los casos, como anticipó el jefe del Ejecutivo, sugieren tomar como punto de partida el informe que emitió en 2006 el Consejo de Estado, a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque haya podido quedar desfasado en algunos puntos.

La reflexión sobre los aspectos mejorables de la Carta Magna, como reflexión, es compartida en la cúpula del PP en la calle Génova, donde no ven con malos ojos delimitar las competencias autonómicas, pero a través de una reforma legal y sin tener que recurrir necesariamente a cambios en la Carta Magna. Altos cargos de la formación alertan del riesgo de abrir el melón constitucional con los nacionalistas catalanes reclamando, como mínimo, el reconocimiento de Cataluña como nación. E insisten en que, a estas alturas, ni tan siquiera el movimiento serviría para calmar las aspiraciones de los separatistas.

Por otro lado, restan valor al cruce de declaraciones políticas que se ha producido en el último mes. Concrete el PP o no una propuesta, lo lleve o no en su programa, anticipan que llegar al acuerdo necesario para sacar adelante una iniciativa de este calado será prácticamente imposible en la próxima legislatura con un Parlamento previsiblemente fragmentado tras la entrada de las nuevas formaciones como Podemos o Ciudadanos. El «consenso» es el requisito fundamental que repite el presidente del Gobierno para poder tocar un texto que sólo ha sido modificado en dos ocasiones. De ahí que esta recurrente línea roja sea en realidad el reconocimiento de que poco o nada podrá hacerse.