El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías

La Junta exculpa a Zarrías de las ayudas de los ERE

El imputado remite documentos al Supremo que “demostrarían” que la Mesa del Parlamento “fue informada” de las modificaciones presupuestarias durante diez años

Mateo Balín

Martes, 7 de julio 2015, 18:13

El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, imputado en el caso de los ERE fraudulentos por prevaricación administrativa, sigue buscando el archivo de las actuaciones en el Tribunal Supremo. En un escrito de defensa remitido este martes a la Sala Segunda (o de lo Penal) del alto ... tribunal, el exdiputado ha ampliado el recurso presentado el pasado 30 de junio contra la exposición razonada del juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, en la que constata los indicios delictivos contra el acusado, el expresidentes Manuel Chaves y el también exconsejero José Antonio Viera.

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La novedad de este escrito dirigido a la sala de recursos, es decir, al órgano superior al del juez Jorge Barreiro, es que incluye documentación de la Junta de Andalucía y del Parlamento autonómico que el instructor no valoró en la citada exposición razonada, según señala el texto. Estos documentados habrían llegado al Supremo el 16 de junio y la resolución del magistrado se difundió nueve días después.

Según el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, que ostenta la representación legal del imputado, esta documentación remitida por la Junta dice literalmente que no consta en los archivos, bases de datos o fuentes de información consultada ninguna resolución ni disposición alguna dictadas por Gaspar Zarrías, relativo a la concesión de ayudas socio-laborales. Esta confirmación, aseguran, ratifica que el exconsejero de Presidencia es completamente ajeno a las decisiones relativas a la concesión de estas ayudas.

Igualmente, la documentación recibida demostraría que la Mesa del Parlamento andaluz, compuesta por nueve diputados del PSOE, PP e IU por aquel entonces, fue informada puntualmente de todas las modificaciones presupuestarias aprobadas en Consejo de Gobierno, sin que durante diez años mostrara reserva alguna sobre la legalidad del procedimiento.

La defensa de Zarrías considera de enorme relevancia que se tenga en cuenta esta documentación proveída ahora, ya que permite demostrar que el instructor no valoró en su exposición razonada ni tuvo siquiera a la vista el resultado de diligencias que él mismo había acordado.

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