Bárcenas responsabiliza de la 'caja B' a «Fraga, Aznar y Rajoy»

Bárcenas sostiene que la financiación irregular del PP, que los jueces atribuyen a los tesoreros, siempre ha sido "un sistema perfectamente institucionalizado" en el que, "como en toda pirámide organizativa jerárquica, las instrucciones emanaban de arriba abajo, correspondiéndole a Luis Bárcenas como gerente el papel o función de mero amanuense", dice el escrito presentado en el Juzgado Central de Instrucción número cinco.

Por lo tanto, asegura la defensa, "nunca podrá ser el máximo responsable del PP" y el autor material de los ilícitos investigados, por lo que no se atribuye responsabilidad penal alguna.

En su caso, sostiene que mientras fue tesorero, entre 2008 y 2009, antes fue gerente, "siempre reportó a las dos personas de las que dependía jerárquicamente: el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal".

Bárcenas, que empezó a trabajar para el PP en 1982 como administrativo, se remonta, en primer lugar, al periodo comprendido entre ese año y 1986. En relación a esos años destaca que "los máximos cargos de Alianza Popular eran su presidente, Manuel Fraga, su secretario general, Jorge Verstrynge, y el tesorero Ángel Sanchís".

"En esos años", abunda la defensa del extesorero, "Alianza Popular venía utilizando distintas sociedades -Sipsa, Opisa, Hermogenes, Hernández Carretero, constituidas por las máximas instancias del partido que se utilizaban para recibir ingresos por donativos".

"En esas sociedades figuraban como accionistas el secretario general, el secretario electoral y el secretario de política municipal, entre otros". "Es decir, la dirección del partido constituyó sociedades con el fin de recibir aportaciones", afirma.

Cuentas y firmas

Según el relato de Bárcenas, durante el referido periodo, "los donativos eran recibidos fundamentalmente por el Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, que los entregaba al secretario general o al tesorero".

A continuación, durante los años 1987 y 1988, "siendo presidente Antonio Hernández Mancha, secretario general, Arturo García Tizón, y tesorero José Ramón del Río, el secretario general abrió una cuenta en el Banco de Fomento, en el cual se ingresaban donativos, disponiéndose de los fondos, sin integrar dicha cuenta en la contabilidad de Alianza Popular".

Esta práctica irregular la extiende también Bárcenas a "los años 1989 y 1990", siendo ya "presidente José María Aznar, secretario general Francisco Álvarez-Cascos y tesorero, Rosendo Naseiro". En dichas fechas, "las donaciones las recibían el presidente y el secretario general, que se las entregaban al tesorero que, además, gestionaba con empresarios aportaciones para el partido".

Señala el escrito que "a estos efectos se constituyeron tres sociedades: Ibérica de Firmes, Videosoluciones y Ediciones Conosur para facturar a las empresas que aportasen donativos". "Asimismo", agrega, "Naseiro empezó a ingresar en una caja ajena a la contabilidad oficial los donativos que recibía en efectivo".

De tal manera que "el efectivo que quedó como remanente en dicha caja, cuando Naseiro dejó la tesorería, constituye el primer apunte de los denominados papeles de Bárcenas". A su vez, Bárcenas detalla que "cuando Naseiro deja la tesorería y se informa a Aznar, éste da la instrucción a Álvarez-Cascos de que se liquiden dichas sociedades, encargándose de esa labor el despacho de Miguel Blesa". Paa ello aporta una declaración judicial de Naseiro en los noventa en su escrito.

Entre 1993 y 1996, mientras "continúa como presidente Aznar", los donativos "los recibe Álvarez-Cascos y empieza a recibirlos en algunos casos el tesorero Álvaro Lapuerta". A renglón seguido, entre 1996 y 2004, de nuevo con Aznar al frente del partido, con Ángel Acebes como "coordinador de la Secretaría General" y con Javier Arenas como "secretario general", "Lapuerta recibía los donativos por orden de los secretarios generales", por lo tanto actuaba mandado por estos, concluye.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para Bárcenas y Lapuerta por apropiación indebida y falsedad documental y una fianza civil cercana a nueve millones, respectivamente. Como los jueces y la sala, considera a ambos responsables de la gestión de la 'caja B'.