El Defensor muestra su preocupación por la «extralimitación policial» con la entrada en vigor de la ley mordaza

El departamento que dirige Soledad Becerril en sus notas advierte que para impedir cualquier extralimitación policial y garantizar el derecho fundamental a la intimidad se debería de reforzar el inmediato control judicial y de la fiscalía sobre los registros corporales externos.

El defensor también muestra su inquietud por las sanciones económicas que pudieran imponerse por alteración del orden o del normal desarrollo de manifestaciones. Por ello, recomienda su limitación a casos de especial gravedad.

La Institución también ha recomendado que no se exija una autorización previa para la difusión de imágenes o datos personales o profesionales, tal y como contempla la nueva normativa. Y que sea necesaria autorización judicial para retirar material informativo.

Sobre la polémica legalización de las expulsiones en caliente, la institución reclama que, diga lo que diga el nuevo apéndice a la ley, siempre se dicte una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se puedan interponer contra ella.. En dicho procedimiento insiste Becerril- el extranjero deberá recibir información sobre protección internacional y se verificará la posibilidad de acogerse a ella, que no es menor de edad o posible víctima de trata de seres humanos.

El Defensor del Pueblo ha mantenido el criterio general de no recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional, ya que ha sido recurrida por varios grupos parlamentarios.