Mateo Balín
Jueves, 25 de junio 2015, 14:01
La pesadilla de los ERE fraudulentos ya es una realidad para Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juez instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha decidido continuar el procedimiento contra los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y los exconsejeros José Antonio ... Viera y Gaspar Zarrías. A los cuatro les acusa de un delito de prevaricación administrativa y a Viera, además, de un delito de malversación. En cambio, la exconsejera Mar Moreno queda fuera de la causa.
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Para los tres aforados, Chaves, Zarrías y Viera, el juez eleva una exposición motivada a la Sala Penal para que trámite el preceptivo suplicatorio, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. En el caso de Griñan, el magistrado motiva a través de un auto los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación, al que le considera presunto coautor y por tanto desde el punto de vista sustantivo material debe ser enjuiciado conjuntamente con los restantes aforados.
No obstante, la sala ha establecido un criterio contrario para los casos de pérdida de aforamiento en mitad del procedimiento -Griñán ya ha renunciado a su acta de senador- y el expresidente podrá recurrir la resolución judicial.
A lo largo de los 130 folios de la exposición motivada, el juez analiza en primer lugar el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010, para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. Relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
Sistema ilegal
Una vez que se ha detallado la mecánica establecida para conceder las ayudas socio laborales, el juez recoge las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. "Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias ya que, según el juez, se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuid como integrantes del Consejo de Gobierno". Añade que "watw poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado", remacha el instructor.
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Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas. El juez cita las palabras del interventor general en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que señalaba que los imputados "cebaron sin descanso la partida de los eres".
El juez en su exposición detalla todos los indicios recabados contra los aforados, así como las advertencias reiteradas del interventor, un elemento fundamental para acreditar el conocimiento de la ilegalidad del sistema establecido.
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