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Melchor Sáiz-Pardo
Martes, 23 de junio 2015, 14:16
"Existen elementos de defraudación tributaria que tienen relevancia criminal". Así de tajante se muestra la Fiscalía Anticorrupción sobre los negocios del menor de los Pujol, Oleguer, al que acusa de blanqueo de capitales y delito fiscal y pide que declare como imputado en la ... Audiencia Nacional.
La decisión de los fiscales Pepe Grinda y Juan José Rosa de pedir la inmediata imputación del vástago menor del expresidente catalán viene motivada por los últimos informes policiales que apuntan a que Oleguer Pujol es parte de una "red organizada de tipo familiar para el cobro de comisiones" y que él se ha dedicado a esconder ese dinero en diversos paraísos fiscales.
La sospecha del grupo 22-BLA de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y de los fiscales Anticorrupción es que Oleguer Pujol viene blanqueando con esas operaciones, al menos desde 2007, dinero de sociedades ubicadas en países extranjeros como Holanda y en paraísos fiscales de medio mundo, tales como Luxemburgo, Jersey, Guernsey, Antillas Holandesas, Curaçao, Islas de la Mancha o Islas Vírgenes.
El pasado 23 de octubre la Policía desató una macro operación contra la red societaria del menor de los Pujol. La operación arrancó con la movilización de 60 agentes de la Udef y el registro de los domicilios del propio Oleguer Pujol y de Luis Iglesias Rodríguez, su socio en la empresa central del entramado, "Samos Servicios y Gestiones", y con los allanamientos en Barcelona, Gerona, Madrid, Valencia y Melilla de algunas de las sedes de las veintena de mercantiles investigadas. Entre ellas: Drago Capital, Step Negocios, Ursus Alfa, Longshore, GI Investments, Prisa Division Inmobiliaria, , Jasmund Spain, Trisola Servicios y Gestiones, Nueva Melilla Asociados, Tres Forcas Capital, Orchard Spain, Ampuria Capital, Silvercode Investment Socini ,Canga Real Estate, Incola Ciudad , New Positively o Atitlán Solar Capital.
Según mandos policiales, el objetivo de la vastísima operación, en la que incluso participaron perros entrenados para detectar dinero escondido, era evitar a toda costa que Oleguer Pujol y sus colaboradores pudieran destruir pruebas después de que trascendiera públicamente el pasado 1 de octubre que Santiago Pedraz había decidido admitir a trámite parcialmente la querella presentada por Podemos, Guanyem Barcelona, Iniciativa, Esquerra Unida, CUP, Partido X, Procés Constituent y otros colectivos sociales contra el hijo pequeño de Pujol.
La transacción más "escandalosa" a los ojos de Anticorrupción y la Udef es la adquisición en 2007, a través de Samos Servicios y Gestiones, de un total de 1.152 oficinas del Banco Santander y varios inmuebles históricos en Madrid por 2.177.382.975,33 de euros. El imputado consiguió cerrar ese negocio con tan sólo 35 años, empleando la dirección de la casa de su padre y sin acreditar fuentes de ingresos o medios económicos. Para la compra de las sucursales, Oleguer Pujol consiguió un crédito sindicado por valor de 1.873 millones, que el propio Santander le concedió. Samos, radicada en un despacho de la madrileña calle Alcalá, tenía entonces un capital social de apenas 3.000 euros. La empresa estaba controlada absolutamente por el menor del clan. De acuerdo con documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Oleguer Pujol fue presidente entre 2007 y 2008, vicepresidente entre 2008 y 2013, y consejero entre 2007 y 2008.
En el punto de mira de Pedraz y de Anticorrupción también está la compra de un hotel en Canarias por valor de 8 millones de euros provenientes de Islas Vírgenes, de acuerdo con los atestados de entregados por la Udef al juez.
Según fuentes judiciales, además, Santiago Pedraz investiga otras muchas operaciones sospechosas en las que estuvo involucrado el menor de los Pujol. Entre ellas, la adquisición de edificios de Bankia en 2011 y su posterior alquiler por más de 21 millones de euros; de cuatro supermercados; operaciones entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital; la compra de inmuebles en Palma de Mallorca; o la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía en 2012.
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