El descuartizador de Majadahonda denuncia «presiones» para que se autoinculpe

Así lo ha hecho ante el juez de Instrucción número 1 de Navalcarnero en un escrito en el que expone una posible lesión de los derechos fundamentales y violación de los derechos humanos que afectan al procedimiento y a la investigación. Además, en función del resultado de esta investigación y de lo que diga el análisis realizado sobre los restos de ADN encontrados en una picadora industrial en el chalé de Majadahonda, no descarta pedir la nulidad del proceso.

El abogado Marcos García Montes ha relatado en rueda de prensa que después de hacerse cargo de la defensa de Bruno hubo un momento en que notó "una serie de movimientos extraños cercanos a algunos familiares" de su defendido. "Se rompe la baraja, saltan las alarmas, cuando me comunica la familia que tienen presiones porque ha tomado contacto con ellas un miembro de la Guardia Civil", ha explicado el abogado, que ha precisado que esta chica se presenta como Cristina, pero no da a conocer más información.

El día 1 de junio, tras una serie de correos electrónicos, la supuesta psicóloga de la Guardia Civil se entrevistó con la madre y hermana del presunto descuartizador en una cafetería de la capital y en un momento, cuando la madre de Bruno se levantó, instó a la hermana a que le dijera a su hermano que se declarara culpable y confesara porque iba a obtener "beneficios" y una "reducción de la condena". Además, le instó a que no siguiera con el despacho de abogados que le estaba defendiendo.

Reunión en prisión

Una vez que se le comunicó esta situación, desde el despacho se pusieron a preparar un escrito para remitir al juzgado, pero recibieron una llamada de Bruno diciendo desde la cárcel que una "funcionaria de la Guardia Civil" se había reunido con él en la prisión de Valdemoro y le había estado "presionando, coaccionando", mientras él se negaba a todo. Además, esa reunión no se produjo en los locutorios generales, "sino en un habitáculo como si fuera una comunicación vis a vis con un familiar".

Él le dijo que se acogía "a su derecho de no declarar y que no quería hablar con ella" y sin embargo, la supuesta Guardia Civil le dijo que le podía ayudar. Le enseñó una tabla de un test de psicodiagnóstico y le dijo que le iba a comentar al juez que por consejo de su abogado "no quiere declarar y le va a perjudicar".

La conversación continuó con la supuesta psicóloga diciéndole que quiere darle un informe al juez diciendo que "es buena persona", pero él sigue afirmando que "no quiere hablar absolutamente nada con ella" y ella finalmente le dice que si no colaboraban con ella, ella podría lograr "que le cambiaran de módulo y le suspendieran las comunicaciones con su compañera sentimental".

A la vista de todo esto, desde el despacho han presentado un escrito en el que al juez se le informa de que lo acontecido "está violentando los derechos humanos por parte de la investigación". A su juicio, esto sucede porque "se hace al margen del juez y del fiscal", "se está violentando el derecho fundamental a la presunción de inocencia y el derecho a no declarar y se está obligando a que el cliente se declare culpable" para una reducción de penas".

Además, "se aprovecha para hablar con la hermana del encarcelado para que convenza a su hermano para que se declare culpable y diga dónde están los cuerpos". "Otra lesión de derecho fundamental a guardar silencio y a la presunción de inocencia", ha remarcado para criticar que se le dijera que no hablara con su abogado.

"Al juez se le ha explicado que se han violado los derechos fundamentales y hemos pedido diferentes diligencias de prueba al juez para acreditar lo que se está manifestando", ha explicado García Montes, quien ha relatado que, en primer lugar, han presentado los escritos entregados por Bruno, su madre, novia y su hermana relatando los hechos.

Peticiones al juez y a la Guardia Civil

También pide que se ratifiquen estas declaraciones, que se libre oficio a operadoras telefónicas para acreditar de quién es el teléfono de la supuesto miembro de la Guardia Civil, que se acredite quién es el titular de la cuenta de correo electrónico de la que se reciben correos en la cuenta de la novia del acusado y que se libre oficio al Centro Penitenciario Madrid 4 Valdemoro para que informe cómo ingreso esta señora en el centro, qué autorización entregó, si hizo constar que era parte del juzgado, cómo se le autorizó una entrevista en un habitáculo que no era el general y la documentación de autorización que presentó la funcionaria.

Como diligencia de prueba, han pedido que se oficie al Cuartel puesto de Comandancia de la Guardia Civil de las Rozas para que se identifique a esta señora y si fue autorizada y si le facilitaron los domicilios y teléfonos de la madre, la hermana y la novia. También han pedido al juzgado que se haga constar que no se autorizó ningún tipo de gestión con la familia y que se tome declaración a esta funcionaria. Además, solicitarán investigación interna a la Guardia Civil y al Defensor del Pueblo para que haga una investigación a fondo de lo que ha pasado.

"Me recordaba a Guantánamo", ha sostenido García Montes, quien ha considerado que todo lo sucedido es "una ilegalidad desde el principio". "Hemos llegado al límite de lo que en el hemos llegado al limite de lo que en el Estado de Derecho se puede permitir", ha denunciado el abogado, quien ha afirmado que también se ha personado la acusación particular.

Preguntado por la situación del acusado en la prisión, el abogado ha afirmado que "está bien". "Es una persona especial porque está inmerso en un procedimiento muy complicado", ha explicado el abogado, quien ha relatado que con él está "muy normal" y hay "mucha, mucha empatía y está colaborando".

No tiene contacto con la prensa. De hecho, la explicado que se enteró del avance del análisis biológico sobre el ADN hallado en la picadora industrial en Majadahonda porque "se lo dijo un chico en el patio".