El exconsejero valenciano Rafael Blasco ingresará en prisión de manera inminente

Se le condena por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso con prevaricación administrativa, y delito continuado de falsedad documental. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia le había impuesto ocho años de prisión, pero la Sala de lo Penal del alto tribunal le rebaja la pena al retirarle el carácter continuado de la prevaricación.

Al intermediario de las operaciones, Augusto Cesar Tauroni, le han condenado a seis años de prisión. La misma pena para la exsecretaria general de la consejería, Agustina Sanjuan. El exsubsecretario de este departamento, Alejandro Cátala, ha sido castigado con cuatro años y seis meses, Marcial López a tres años y nueve meses, Javier Llopis a dos años y María Josefa Cervera a tres años de cárcel. Por su parte, han sido absueltos Marco Antonio Linares y Josep María Felip.

La sentencia, de 365 folios, ha confirmado los principales delitos que impuso el Tribunal Superior de Valencia y ha reducido ligeramente las penas al rechazar el carácter de delito continuado de algunas de las conductas sancionadas.

En esta pieza del llamado 'caso cooperación' se investigaron las irregularidades en la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional que la Consejería de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana concedió en el año 2008 a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (CYES) para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales, a través del acceso de agua potable y de fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo declara probado que del dinero que la Generalitat invirtió en estos dos proyectos, 1,6 millones de euros, apenas llegó a su destino la cantidad del 3%, exactamente 47.953 euros. El 97% restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.