El juez Del Moral anuló una sentencia a un policía socio del administrador del centro donde da clases

Este mando policial fue absuelto de los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona. La clave fue la anulación de las escuchas que implicaban a este funcionario y a otros siete guardias civiles, quienes formaban un «extraño maridaje» con los narcos en el que «se entrecruzaban toda suerte de relaciones, compadreos y favores de todo tipo» que exceden «en mucho» de lo que, «desde la ética profesional», es esperable de la necesaria «relación entre policía y confidente», afirmó la sentencia de instancia de 2012.

Sin embargo, la Fiscalía del Supremo presentó recurso de casación contra Giménez Raso y otros tres guardias civiles para anular la sentencia de la Audiencia de Barcelona. El caso lo vio en 2013 un tribunal de cinco magistrados de Sala Penal del Supremo y el ponente del fallo fue el citado Antonio del Moral. En enero de 2014 se declaró nula la sentencia y se dejó en parte sin efecto la apelación del Ministerio Público. El argumento central del juez fue la ausencia de hechos probados y la negativa de la sección a valorar pruebas sin justificación, por lo que devolvió el caso al tribunal catalán para dictar una nueva resolución. Hasta ahora.

Relaciones

El supuesto conflicto de intereses entre el juez Del Moral, fiscal de carrera que ingresó en la sala en febrero de 2012 por el turno de reconocido prestigio, y el acusado Antonio Giménez Raso tiene su origen en 'Schola Iuris', el centro jurídico donde el magistrado imparte clases junto a otros dos compañeros en el Supremo, Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal, y José Manuel Maza.

El paisaje es el siguiente: el administrador único de 'Schola Iuris' es Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid. Éste es, además, consejero de la sociedad Cenyt Argo SL, cuyo objeto social es la «intermediación en el asesoramiento jurídico, fiscal y laboral a empresas y particulares». Un ámbito cercano al instituto 'Schola Iuris'.

Nacida en 2011, el consejo de administración de Cenyt Argo lo integran, además, el abogado Rafael Redondo (socio en Cenyt Consultoría del comisario Villarejo) y los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, el inspector juzgado en el caso de la 'banda del puerto' cuyos recursos fueron visto por Del Moral, profesor en centro de Ángel Benseny.

El reglamento de la Carrera Judicial permite a los magistrados compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia en el ámbito privado, siempre que sea a tiempo parcial y en un régimen definido. Para ello deben solicitar un permiso al Consejo General del Poder Judicial declarando el tiempo dedicado a la actividad o la remuneración percibida. En caso contrario, la comisión competente denegará la petición cuando su ejercicio pueda impedir el estricto cumplimiento de los deberes judiciales o comprometer su imparcialidad como juez.

Según el régimen de incompatibilidades del personal de la Administración Pública, «no se puede desempeñar actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público». Con estas evidencias, la ponencia del juez Del Moral sobre un caso judicial que afecta a un socio del centro donde imparte clases quedaría bajo la lupa de una supuesta incompatibilidad.