Más del 89% de los juicios con jurado popular acaba en condena

En síntesis, el tribunal del jurado fue creado para acercar la administración de justicia a los ciudadanos. Los requisitos son ser español, mayor de edad, saber leer y escribir y no estar impedido ni aforado. El 15% se excusa tras salir elegido en un sorteo. «Es como meter camiones en descarga continua de sentido común en el aparato judicial. La novedad es que quienes tienen el poder lo pierden a favor de los ciudadanos», resumió en una entrevista Varela, padre de la criatura.

En este periodo el jurado popular se ha consolidado como un elemento más de la justicia. Aunque desde su creación ha caminado entre dos aguas. Por un lado están los defensores, para los que «la institución ha funcionado bien con los datos en la mano», según Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

Del otro están quienes ponen en duda la profesionalidad del jurado, sobre todo en casos complejos e incluso aquellos marcados por su relevancia mediática, como el 'caso de los trajes de Camps' (declarado no culpable de cohecho impropio) o en su momento el juicio a Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof y luego absuelta por el Supremo.

Juicios y condenas

En estos 20 años se han abierto unos 10.000 procedimientos con jurado, de los que más de la mitad acabó en juicio. Una media superior al 89% de las vistas con ciudadanos acaba en condena, un porcentaje superior al de los jueces en procedimientos sumarios (85%) o abreviados (79%).

La fiabilidad de los fallos del jurado popular se mide por la estimación parcial o total de los recursos ante los tribunales profesionales. Pues bien, en los Tribunales Superiores de Justicia se estiman un 27% de las apelaciones, mientras que las casaciones al Supremo se sitúan en el 20%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el alto tribunal revoca en su totalidad una de cada cinco sentencias que dicta el jurado popular y de forma parcial, el 13% del total.

«Es cierto que existen decisiones puntuales revocadas, pero esto ocurre igualmente con los tribunales profesionales», apunta el magistrado Joaquim Bosch. Entre los defensores también están quienes plantean revisar el catálogo de delitos juzgados por el jurado y sobre aquellos casos mediáticos en los que se encausa a políticos como Camps. «En este supuesto abogo por un tribunal profesional», opina el portavoz de Jueces para la Democracia.

La ristra de delitos para el jurado son parricidio, asesinato, homicidio, inducción al suicidio, cohecho, malversación, fraudes y exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, amenazas e incendios forestales.

En el caso de los delitos conexos, aquellos en los que algunos delitos son competencia del jurado y otros no, el Supremo ha ido haciendo aclaraciones. La última fijaba que corresponderá a un jurado las conductas cuyo objetivo principal sea la realización de un delito previsto en el anterior catálogo. Si hubiese dudas, la competencia se determinará de acuerdo con la que corresponda al delito más penado. El alto tribunal también dejó claro que la prevaricación, clave en los casos de corrupción, no la juzga un jurado.