La juez condena al alcalde de Valladolid, que no podrá presentarse a la reelección

La juez, según la sentencia, inhabilita al actual regidor en funciones de la ciudad durante trece meses para empleo o cargo público de alcalde o concejal y le impone una multa económica de 12.600 más el pago de las costas del juicio, incluidas las de la acusación popular. El fiscal había solicitado 3.600 euros de multa y 15 meses de inhabilitación; la acusación popular pedía una multa de 31.500 euros y dos año de inhabilitación especial.

El fallo de la juez Evelia Marcos Arroyo llega una vez celebrados los comicios y, aunque ya León de la Riva no podrá revalidar su puesto de alcalde, al haber perdido la mayoría absoluta y facilitar un tripartito entre PSOE, VTLP y Sí Podemos, también le impide incluso conservar su acta de concejal al frente del principal grupo de la oposición, como así solicitaban el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado'.

Ginecólogo y no «jurista»

León de la Riva declaró durante el juicio, en un interrogatorio que se prolongó durante 90 minutos y que se celebró el pasado 27 de abril, que su intención siempre fue la de acatar la resolución judicial que acabó con el derribo de los áticos de la octava planta del céntrico inmueble. En su defensa, alegó que su profesión era la de ginecólogo «y no la de jurista», por lo que delegó las decisiones que se debían tomar al respecto en su concejala de Urbanismo en los dictámenes de los funcionarios expertos.

La titular de Penal 2 pone fin así a una causa que se inició en el año 2000 con el recurso presentado por la Federación de Vecinos Antonio Machado. En abril de 2008, el TSJ declaró ilegal la ocupación y las obras de reforma del edificio por haberse modificado las fachadas protegidas, aumentado la edificabilidad en la octava planta y no respetarse el porcentaje destinado a vivienda. Un año después, en junio de 2009, el alto tribunal ordenó el desalojo y la demolición de los áticos. Y, en octubre de 2010, se inició la demolición ahora anulada. Pero un nuevo auto del alto tribunal de la comunidad, de fecha 15 de marzo de 2011, declaró la nulidad del proyecto de demolición de la última planta del inmueble al detectar irregularidades importantes en su ejecución. Por otro, se dirigió al regidor al requerirle «nuevamente» para que «bajo su directa y personal responsabilidad y con los apercibimientos a que se refiere el artículo 112 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción (posible responsabilidad penal e imposición de multas coercitivas reiterables hasta la total conclusión de las obras) procediera a ejecutar la sentencia en sus justos términos».

La obra finalmente se dio por cumplida en el mes de enero de 2014, seis años después de la primera sentencia del TSJCyL anulatoria de las licencias concedidas al inmueble. (Más información)