Dirigentes de Batasuna apelan al nuevo Código Penal para reducir su condena por las herriko tabernas

Durante la vista celebrada por el Tribunal Supremo para revisar la resolución en la que se condenó a 20 dirigentes de la formación ilegalizada, Iñigo Iruin, abogado defensor de Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro, Joseba Álvarez y Karmelo Landa, ha recordado que la norma recientemente aprobada por las Cortes prevé imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el hecho sea "de menor gravedad".

Iruin ha apuntado que es muy posible que la sentencia del alto tribunal vea la luz cuando ya esté vigente el nuevo código y ha destacado que esa eximente, recogida en el artículo 579 bis 4 e "ideada para atenuar el excesivo rigor punitivo en los delitos de terrorismo", sería de plena aplicación en este caso.

Permach, Etxeberria, Aldasoro, Álvarez y Landa fueron condenados a tres años de prisión. El tribunal, que absolvió por falta de pruebas a otros catorce acusados, condenó por el mismo delito a Jon Gorrotxategi, Floren Aoiz y Anton Morcillo, a los que impuso un año y medio de cárcel, y aplicó una pena de un año y tres meses de cárcel a otros doce.

Iruin se ha referido, además, al acuerdo del Supremo que, en pleno no jurisprudencial, avaló las reducciones de condena en compensación por la aplicación de medidas cautelares. En su opinión, los dirigentes de Batasuna sufrieron un recorte de sus libertades individuales en aplicación de la suspensión de actividades del partido, dictada en 2002 y que se prolongó cinco años.

Por su parte, Kepa Landa, que defiende al resto de los condenados, ha criticado la valoración de indicios efectuada por la Audiencia Nacional y ha asegurado que el tribunal no analizó hechos y se limitó a sostener una tesis y "tratar de encontrar algún elemento que la justificara".

"Sumario fracasado"

También ha incidido en que, durante la instrucción de la causa, abierta en el año 2000 por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, no quedó acreditado "ni un sólo flujo económico de las herrikos hacia ETA u otras organizaciones vinculadas". "Fue un sumario fracasado", ha destacado.

Durante la sesión de mañana de la vista han participado otra decena de abogados, en representación de varias de las 111 herrikos decomisadas. Los letrados han dudado de su capacidad para financiar, no ya una organización terrorista, si no cualquier cosa. "No podrían ni sufragar una carrera ciclista", ha dicho uno de ellos mientras que otro ha apuntado que el dinero no alcanzaba ni para pagar a los proveedores.

La audiencia continuará esta tarde con la intervención del fiscal Álvaro Redondo, que se opondrá a la mayor parte de los motivos de anulación de la resolución planteados por las defensas, aunque tiene previsto admitir uno de ellos, han informado fuentes jurídicas.