El Poder Judicial avala in extremis la publicación de los nombres de los defraudadores

In extremis, por la mínima y con muchas dudas, pero el Poder Judicial ha dicho "sí" al anteproyecto de Ley Orgánica del Gobierno que prevé hacer públicas las sentencias firmes y condenatorias de los defraudadores a la Hacienda Pública.

Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, el debate esta mañana ha sido tan tenso que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha tenido que hacer uso de su voto de calidad para conseguir la mayoría suficiente frente a los diez vocales que han votado en contra y el voto de abstención al texto del ponente Gerardo Martínez que defendía la conveniencia de airear un extracto de estos fallos en el BOE por el "interés general".

El motivo de oposición de la decena de miembros del consejo contrarios a la iniciativa del Ejecutivo es que la publicación de estos fallos, incluidas las identidades de los condenados, viola los derechos a la intimidad y el honor de los afectados, amén de que supondría una conculcación de la Ley de Protección de Datos.

El propio informe sometido a debate ya reconocía la publicidad de la sentencia condenatoria puede suponer un "gravamen para la persona condenada susceptible de afectar a sus derechos individuales al honor, intimidad y protección de datos", si bien añade que también cumple una función de información "y en gran medida de lucha contra el fraude fiscal, configurándose como un elemento preventivo y educativo".

Derechos individuales

En este punto, el informe apunta que los derechos individuales "no son absolutos" sino que también tienen límites que establece la Constitución "o derivados de la protección dispensada por la norma constitucional a otros bienes, derechos o intereses merecedores de igual protección".

El documento, no obstante, insistía en que la regulación se adopta con los objetos principales de impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias e incrementando la transparencia en las actuaciones judiciales en este ámbito. Entronca además con normas administrativas que prevén la publicidad de las sanciones adoptadas en sectores considerados de especial protección.