Puja de penas por la 'caja B' del PP

Con el auto de transformación en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, el anterior inquilino del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional abrió un periodo de 20 días para que las partes personadas presentaran sus escritos de calificación penal de los hechos. En el caso de las acusaciones, la solicitud de penas a partir de la imputación de delitos. Este plazo finalizó esta semana y, como era de prever, la disparidad de criterios ha sido la nota predominante. Por un lado están los escritos que han presentado las acusaciones populares, PSOE, Izquierda Unida y Observatori Desc. Del otro, la Fiscalía Anticorrupción (defensora del interés público) y, más al extremo, la Abogacía del Estado, que entró a última hora en el procedimiento por el perjuicio generado a la Agencia Tributaria.

La suma de todas las calificaciones llevaría al banquillo a 26 personas, con peticiones individualizadas que van desde uno a 31 años de prisión, como solicitó el Observatori Desc para Luis Bárcenas o los 28 años que pide el PSOE para el extesorero popular y su antecesor, Álvaro Lapuerta. Sobre ambos y el exgerente Cristóbal Páez existe consenso entre todas las acusaciones para pedir prisión por su responsabilidad directa en el manejo de la 'caja B'.

La ristra de delitos para los dos primeros es larga. Va desde apropiación indebida, falsedad documental y fraude hasta el delito electoral o la asociación ilícita. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solo consideran que Bárcenas y Lapuerta cometieron delito fiscal y apropiación indebida, según el Ministerio Público, o cooperación para el delito fiscal, en opinión de los servicios jurídicos. Anticorrupción pide para ambos cinco años de cárcel y el letrado del Estado, solo tres.

Acebes y Rajoy

La llamada responsabilidad por 'culpa in vigilando' alcanza para Izquierda Unida al exsecretario general Ángel Acebes, al que acusan de ser partícipe directo de la trama y reclaman para él 15 años y siete meses de prisión por seis delitos. La decisión sobre su imputación la tomará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Además, IU es la única acusación que pide sentar en el banquillo a 19 empresarios donantes. Para el resto de las acusaciones populares tanto éstos como los exsecretarios generales y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberían declarar en el juicio como testigos.

La segunda pata de la 'caja B' se refiere a la empresa Unifica, responsable de las obras de la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid y cuyos dueños, los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, fueron presuntos receptores de pagos en negro. Aquí también hay consenso. Todas las acusaciones reclaman prisión por delito fiscal y falsedad documental. Las peticiones van desde los tres años y diez meses de Anticorrupción a los 15 años del Observatori Desc.

De los pagos en negro de las obras sale la tercera variante, la del delito fiscal del PP imputado por el juez Ruz por el supuesto fraude del Impuesto de Sociedades de 2008. El escrito posterior de Anticorrupción exculpa al partido; y la Abogacía del Estado, que convierte la 'caja B' en el 'caso Unifica', reclama también el archivo para el PP y centra su actuación en los arquitectos, para los que solicita cinco años y nueve meses de prisión. El resto de acusaciones populares, salvo el PSOE, también estima el delito fiscal de los populares.

 Sin embargo, todas las partes consideran que la formación tiene responsabilidad civil por los hechos imputados a sus extesoreros, que están penados con multa. La tesis de la Fiscalía Anticorrupción es la más sorprendente. Defiende, como Hacienda, que las donaciones recibidas por el PP no tributan, pero en el caso de que lo hicieran, aunque estas fueran irregulares, como estimó Ruz, la cuota defraudada es inferior al mínimo para ser delito, que es de 120.000 euros. En total, dicen, unos 25.000 euros.

Para llegar a este cálculo alternativo el fiscal Antonio Romeral asumió la tesis de la Agencia Tributaria, según la cual las donaciones irregulares también están sujetas a beneficios fiscales si equiparamos al PP con una sociedad. Para Pablo Ruz, en cambio, la suma primaria de Hacienda alcanzaba los 226.000 euros. Al final, será el juez José De la Mata quien decida qué criterio llega a juicio. Será en el próximo auto de apertura de la vista oral, quizás el primero que dicte tras sustituir a Ruz.