El juez del 'caso Nicolás' se centra en la supuesta trama policial que ayudó al joven

El 15 de abril pasado, el titular del Juzgado de Instrucción dos de Madrid resolvió que solo una acusación popular llevaría el peso de la acción penal, más allá de una Fiscalía que se está mostrando poco activa. «A fin de evitar reiteraciones de solicitudes y peticiones que únicamente contribuirían a la prolongación artificial y excesiva de la causa, las acusaciones populares actuarán bajo la dirección letrada de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU)», afirmaba.

La resolución dejaba fuera de juego al sindicato Manos Limpias o a la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario José Villarejo. De hecho, en la declaración como testigo de este mando policial, el pasado 17 de abril, los primeros ya no pudieron formular preguntas para su enfado. «El juez quiere limitar la instrucción, no dar un pasó más, lo que abocará a un cierre en falso», afirmaron fuentes de esta acusación.

Un día antes de esa declaración, el juez citó como imputados a tres policías por presunta revelación de secretos a Francisco Nicolás Gómez. Uno de ellos es el comisario principal Miguel Ángel Barrado, exnúmero dos de la Policía Judicial y en la actualidad mando de una unidad antiterrorista. Los otros dos son agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se suman a otros dos del Grupo Especial de Protección que estaban imputados junto a su exjefe, Emilio García Grande, el dimitido coordinador de seguridad del ayuntamiento. En total, ya son ocho policías imputados.

Y la tercera resolución del juez un tanto llamativa fue otra providencia, de 21 de abril, en la que ordenaba a los cinco policías adscritos a esta investigación, de la unidad de Asuntos Internos, que le informasen de la misma sólo a él y no a sus superiores para evitar filtraciones y controlar la causa.