Los editores de prensa califican de inaceptable la sugerencia de Catalá

Las declaraciones del ministro han generado una reacción unánime en todo el sector. El artículo 20 de la Constitución que consagra el derecho a la información ha de estar por encima de los intereses particulares o de gobiernos.

El deseo de Rafael Catalá, ministro de Justicia, de controlar lo que ocurre en su administración no puede derivar en sanciones a quienes las publican. Las filtraciones deberían ser perseguidas en su origen, en la Administración, y no en las redacciones.

Este debate no es sino un ataque injustificado a la libertad de prensa. AEDE una vez más está y estará siempre defendiendo la libertad de información y los derechos de los lectores y oyentes.